El esfuerzo social

EN LOS días previos a la presentación de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2000, el Gobierno ha pactado con sus socios parlamentarios un conjunto de medidas que intentan transmitir el mensaje de que el próximo presupuesto tendrá un fuerte contenido social. Después de la fotografía del acuerdo con los sindicatos para subir las pensiones mínimas, el vicepresidente económico, Rodrigo Rato, anunció el jueves pasado que el gasto social en el año 2000 ascenderá a 985.000 millones de pesetas, de los cuales 61.000 millones se emplearán en el aumento de las pensiones mínimas, 60.000 millones en la constitución del famoso fondo de reserva para garantizar las pensiones futuras y 50.000 millones a una renta activa de nueva creación para parados mayores de 45 años. Además, la disminución del 0,25% en las cuotas por desempleo reducirá los ingresos del Instituto Nacional de Empleo (Inem) en 40.000 millones.La decisión de subir las pensiones mínimas, bajar las cotizaciones por desempleo y crear nuevos subsidios para parados de larga duración tiene un fuerte componente electoral. La espectacularidad de la cifra de casi un billón de pesetas destinada a gasto social queda bastante deslucida cuando se analiza el esfuerzo de financiación real que deberá soportar el Estado por estas medidas. De las cifras facilitadas por el Gobierno se desprende que el coste de las nuevas políticas de empleo será de unos 120.000 millones durante el próximo ejercicio, mientras que los ingresos del Inem por cotizaciones crecerán en 141.000 millones respecto a 1999. Que el crecimiento de las cotizaciones financiará en exclusiva la nueva política de empleo del Ejecutivo se demuestra además por la importante rebaja, prácticamente una liquidación, de las cantidades que el presupuesto del Estado transfiere al Inem para financiar las políticas de empleo y desempleo: de 130.000 millones este año se pasa a 3.000 el próximo. Hay que deducir, pues, que sería excesivo interpretar las subidas de las pensiones y el repentino interés del equipo económico del Gobierno por las políticas de empleo como un gran esfuerzo presupuestario en favor del gasto social. El equilibrio del presupuesto en poco quedará afectado durante el año próximo por las medidas sociales anunciadas estruendosamente por el Gobierno, puesto que serán financiadas más que de sobra por el excedente de ingresos generados por el aumento del empleo.

Siempre y cuando, claro está, las previsiones del Gobierno se cumplan. Porque la relación de ingresos y gastos del presupuesto del 2000 suscita algunas dudas razonables sobre su viabilidad. El aumento de los ingresos por cotizaciones previsto para el año 2000 -141.000 millones- depende sucesivamente del crecimiento de la economía y del empleo que genere dicho crecimiento. El vicepresidente Rato anunció ayer que el objetivo de crecimiento para el año 2000 es del 3,7%, con un aumento anual del empleo del 2,7%. Pero esta hipótesis de crecimiento es discutible, puesto que equivale a apostar a que se mantendrá la tasa de crecimiento del segundo trimestre de este año. Es una apuesta arriesgada por el mejor de los escenarios posible. Cualquier disminución en el crecimiento se traduciría en menos empleo, y el aumento previsto de las cotizaciones a la Seguridad Social y al Inem no podría alcanzarse.

Es pronto para juzgar con precisión el presupuesto del año 2000; pero de las grandes cifras macroeconómicas que lo soportan parece desprenderse un grado de voluntarismo que lo hace vulnerable a cambios en el escenario económico que no son improbables el año próximo, tales como una desaceleración del crecimiento o una subida de los tipos de interés. Fiarlo casi todo a la recaudación fiscal generada por un crecimiento dudoso y a la moderación salarial de los funcionarios, evidenciada por el pacto al que llegó ayer el Gobierno con CCOO y la CSIF para subir los sueldos el 2%, genera, cuando menos, alguna inquietud.