Las tabacaleras se niegan a pactar con Clinton y le retan a probar ante el juez que conspiraron

La industria del tabaco reaccionó ayer de forma agresiva a la demanda presentada por el Gobierno de EEUU, posiblemente el litigio de mayor envergadura al que se han enfrentado las tabacaleras. Todas las grandes compañías anunciaron su nula disposición a negociar un acuerdo extrajudicial para frenar la demanda y su confianza en que la Justicia desestimará la pretensión del Gobierno de Bill Clinton de recuperar el dinero federal gastado en el tratamiento de los efectos del tabaquismo. La mayoría republicana del Congreso, fiel al lobby de los fabricantes, hará lo posible por bloquear la demanda.El principal fabricante mundial de tabaco, Philip Morris, fue el primero en descartar toda posibilidad de acuerdo extrajudicial similar al que pactaron los fabricantes con los gobiernos de 46 estados en noviembre del año pasado. Según esta compañía, la demanda está "políticamente motivada" y no favorece a nadie: "Pondremos en marcha una defensa vigorosa y no negociaremos un acuerdo. Estamos seguros de que este caso debe ser desestimado".

El trasfondo político estaba también en el comunicado de la empresa Brown & Williamson Tobacco: "La demanda es un intento cínico de usar los tribunales por interés político. Confiamos en que los tribunales comprueben que esta demanda no tiene ningún sentido", aseguró en un comunicado. Esta compañía fue todavía más explícita y provocadora al acusar al Gobierno de usar esta demanda para distraer la atención pública de dos asuntos espinosos: la investigación sobre el asalto del FBI al recinto de una secta en Waco (Tejas) y la clemencia de Clinton con 16 nacionalistas puertorriqueños.

La iniciativa legal del Gobierno también ha recibido la crítica inmediata de varias asociaciones empresariales y, como era previsible, de los congresistas republicanos, receptores del grueso de las donaciones políticas de la industria del tabaco.

La Cámara de Comercio de EE UU acusó al Ejecutivo federal de querer imponer en los tribunales lo que le ha negado el Congreso. Según Bruce Josten, vicepresidente de la Cámara de Empresarios, "ningún negocio puede sentirse seguro si el enorme poder del Departamento de Justicia puede caer sobre él con el propósito de aumentar los ingresos públicos y ganar puntos políticos".

Los republicanos también acusan a Clinton de emplear los tribunales como instrumento de regulación, y tienen una herramienta perfecta para frenar la demanda: negar los fondos públicos para la investigación del Departamento de Justicia. Lo hizo en verano y tratará de volver a hacerlo cuando llegue al Congreso la primera petición de fondos de ese departamento, concretamente 20 millones de dólares (3.200 millones de pesetas). En alguna ocasión Clinton ha mostrado su confianza en poder recaudar esa cantidad en los huecos que deja el presupuesto en caso de que el Congreso se niegue a pagar la factura.

El más firme candidato republicano a la presidencia, George W. Bush, también criticó la demanda y aseguró que confiaba en que "la era de los grandes gobiernos no fuera suplantada por la era de las grandes demandas".