Los sindicatos acusan a Hacienda de poner en peligro el plan de mejora de la escuela pública

Las federaciones de Enseñanza de CC OO y UGT emitieron ayer un comunicado en el que acusan al consejero de Hacienda, Antonio Beteta, de hacer maniobras "fraudulentas y torticeras" que ponen en peligro la ejecución del acuerdo firmado para invertir 131.000 millones en la mejora de la enseñanza pública en Madrid. La denuncia de los sindicatos coincide con la dimisión de los dos principales gestores educativos, Juan Aguilar, director general de Recursos Humanos, y José Luis Centeno, director general de Centros Docentes. El presidente regional negó que las dimisiones tuvieran que ver con las discrepancias entre la Consejería de Hacienda y los dos gestores educativos.

Se complica la ejecución del Plan de Calidad de la Enseñanza Pública, pactado entre los sindicatos, el Gobierno y la comunidad educativa para superar todas las carencias existentes en Madrid aprovechando el traspaso de competencias a la Administración regional.Ruiz-Gallardón firmó un acuerdo que establecía invertir en cinco años 131.000 millones de pesetas para aumentar plantillas de profesores, invertir en material informático, potenciar la educación infantil y enseñar idiomas a los más pequeños y homologar los salarios del personal docente con otros profesores de comunidades autónomas.

Tras diversas reuniones de la comisión de seguimiento del acuerdo social, los sindicatos interpretan que la Consejería de Hacienda quiere aplicar la homologación salarial de los profesores durante los cinco años de duración del Plan de Calidad de la Enseñanza.

Los sindicatos defienden que, a partir del año que viene, el coste de esa homologación salarial se introduzca en el capítulo de personal de los presupuestos ordinarios de Educación y no en la partida extraordinaria del Plan de Calidad de la Enseñanza Pública.

Si no se hace de esa manera, según Comisiones Obreras y UGT, la mayor parte de las inversiones para mejorar la escuela pública no se podrá ejecutar por falta de dinero.

Esta discrepancia, que según los sindicatos también comparten los gestores educativos del Gobierno regional, ha llevado a que los directores generales de Centros Docentes, José Luis Centeno, y Recursos Humanos, Juan Aguilar, presenten su dimisión. El presidente regional, Alberto Ruiz-Gallardón, negó ayer esta versión.

Cuestiones internas

Otras fuentes del ejecutivo regional reiteraron que las dos dimisiones se debían a cuestiones internas de la Consejería de Educación y en ningún caso a discrepancias entre el departamento de Villapalos y el de Beteta. Estas mismas fuentes señalaron que la ejecución de todas las inversiones pactadas dentro del Plan de Calidad de la Enseñanza Pública no corre peligro.

El consejero de Hacienda, Antonio Beteta, se mostró muy sorprendido por las denuncias sindicales: "Los sindicatos no me han pedido ninguna reunión sobre el Plan de Calidad de la Enseñanza ni me han mandado ningún documento", declaró ayer Beteta a este periódico.

Por su parte, la oposición en la Asamblea de Madrid (IU y PSOE) se mostró ayer unánime en su defensa del Plan de Calidad de la Enseñanza Pública, y acusó al Gobierno regional del PP de "hacer el feo a la comunidad educativa, incumpliendo todo lo que firma".

Al diputado de IU, Franco González, no le sorprendieron las dimisiones de José Luis Centeno y Juan Aguilar, "por las constantes intromisiones del consejero Antonio Beteta, que no les ha permitido cumplir el acuerdo suscrito con los sindicatos". "El PP se ha repartido los papeles, otorgando el de bueno a Villapalos y el de malo a Beteta, para olvidarse cínicamente de sus compromisos. La situación actual es de absoluto desgobierno educativo en Madrid", remató González. IU solicitará la comparecencia de Villapalos en la Asamblea para que explique la situación del Plan de la Enseñanza Pública.

Para el socialista Adolfo Navarro, las dimisiones de los dos altos cargos de educación suponen "la guinda al caos educativo existente en Madrid". Navarro anunció que los socialistas apoyarán a Villapalos para impedir que el dinero destinado a la mejora de la enseñanza se desvíe hacia otros fines. "El señor Beteta no puede romper ahora una promesa de Ruiz-Gallardón, ni vamos a permitir que se pierda una sola peseta para la educación en Madrid, que tanta falta hace".