Los peligros de incumplir un pacto

El comunicado de Comisiones Obreras y UGT alerta sobre los peligros que supondría el incumplimiento del pacto educativo que Alberto Ruiz-Gallardón firmó con los sindicatos el pasado 19 de enero.Si se mantienen los "criterios restrictivos" que, según los sindicatos, aplica el consejero de Hacienda, Antonio Beteta, para ejecutar el acuerdo de mejora de la enseñanza pública, los problemas en los colegios durante los próximos años serán importante.

Así resumen en su comunicado las pérdidas que ocasionaría el incumplimiento del acuerdo: "Los criterios hasta ahora manejados por Hacienda amenazan seriamente la viabilidad del acuerdo educativo y podrían dejar sin efecto los ambiciosos planes de compensación educativa previstos, la escolarización al 100% de los alumnos del segundo ciclo de la educación infantil, la introducción del inglés en la educación infantil, la dotación de aulas de informática en los centros de enseñanza primaria, las necesarias medidas de atención a la diversidad en secundaria, que van a requerir fuertes incrementos de las plantillas de profesores o el programa de extensión del horario de apertura y cierre de los centros educativos". Todos estos peligros, según los sindicatos, se ciernen sobre la enseñanza pública madrileña. Las mejoras pactadas por Ruiz-Gallardón antes de las últimas elecciones con la comunidad educativa están, según CCOO y UGT, amenazadas por los criterios restrictivos de la consejería de Hacienda. "La hipotética quiebra del acuerdo educativo", escriben ambos sindicatos, "pondría en solfa la creación de los aproximadamente 15.000 puestos de trabajo tanto directos como indirectos que las medidas contempladas en el acuerdo iban a posibilitar".

Los sindicalistas atribuyen a la consejería de Hacienda una interpretación "fraudulenta y torticera" del acuerdo firmado, y explican que la Consejería de Educación mantiene que lo pactado se va a cumplir en su integridad. La Unión General de Trabajadores y Comisiones Obreras emplazaron ayer al presidente regional a intervenir "para restituir la confianza de los agentes sociales y de la comunidad educativa, asegurando que se va a cumplir lo acordado en todos sus términos."