Escribano mantiene que no designará abogados de oficio en los casos de negativa al uso de traductores

El decano del Colegio de Abogados de Vizcaya, Eduardo Escribano, anunció ayer, tras declarar como imputado por negarse a designar un letrado de oficio, que seguirá defendiendo el derecho a la libre elección de letrado, también en los casos de negativa al uso de traductores en las vistas. Escribano estuvo arropado por el presidente del Consejo General de la Abogacía y por decenas de letrados en ejercicio. El Sindicato de Abogados Euskaldunes aprovechó su presencia para defender la creación de un "Poder Judicial Vasco" que administre justicia para los ciudadanos euskaldunes.

"El principio del derecho de defensa y la libertad del ciudadano de elegir su abogado está por encima de cualquier otra razón. Si faltásemos a ese principio, quebraríamos algo fundamental en el Estado". Con estas palabras respaldó ayer el presidente del Consejo General de la Abogacía, Eugeni Gay, a Escribano, imputado por no haber designado letrado de oficio después de que un juez así se lo ordenara.La orden del juez, realizada a través de una providencia y no argumentada, según señalaron ayer fuentes judiciales, tiene su origen en la negativa de la abogada Jone Goirizelaia a utilizar los servicios de traducción de euskera en un juicio celebrado contra el alcalde de Ajangiz, Juan Pedro Urizar (EH) por no colaborar con el Ejército en el reclutamiento. La negativa de la letrada Goirizelaia motivó la suspensión de la vista, el pasado 15 de octubre de 1998, en el Juzgado de lo Penal número 5 y le supuso un expediente y una multa de 100.000 pesetas. Goirizelaia, presente ayer entre el grueso de los letrados que acudió a respaldar a Escribano, fue apartada del caso y el juez de lo penal Mariano Ascandoni concedió un plazo de 15 días al alcalde para que, si se mantenía en su derecho a declarar en euskera, nombrara un letrado que aceptara el sistema de traducción. Al no obtener respuesta, el juez pidió que el colegio activara el turno de oficio para continuar la vista. La junta de gobierno del colegio estudió el caso y remitió una respuesta fundamentada al juzgado en la que explicaba su negativa a nombrar un letrado de oficio en este caso, dado que el alcalde no había retirado su confianza a la letrada designada y no se daba ninguno de los supuestos recogidos en la ley para la activar el turno de oficio. Lejos de reconducirse la situación, el juez imputó al decano de Vizcaya un delito de desobediencia a la autoridad judicial, causa que llevó ayer a Escribano a declarar en calidad de imputado ante el juez de Instrucción número 6, José María Egia. "No nos ha parecido una medida correcta", apuntó el presidente del Consejo General de la Abogacía. Junto a Eugeni Gay y el letrado defensor del decano, Txema Montero, se encontraban también para arroparle los anteriores decanos del Colegio de Vizcaya: Carlos Suárez y Juan María Vidarte, así como medio centenar de letrados en ejercicio, entre ellos Ángel Gaminde, Javier Beramendi, Jaime Elías o el portavoz del Sindicato de letrados euskaldunes, Íñigo Santxo. Escribano explicó ayer ante el juez instructor lo sucedido en los últimos meses en torno a este caso: tanto los requerimiento del juez de lo penal para nombrar abogado de oficio, como las decisiones adoptadas en el seno del colegio y las respuestas, "fundamentadas en derecho", enviadas al juzgado. El decano explicó también que la fiscalía no indicó ayer nada a lo largo de la declaración y mostró su confianza, al igual que Gay, en que el juez decrete el sobreseimiento de la causa ante la ausencia de delito alguno. Justicia y euskera Este caso pone encima de la mesa dos problemas diferentes, aunque interrelacionados entre sí. Por una lado plantea el conflicto que se arrastra en los juzgados del País Vasco por el rechazo de un grupo de abogados próximos a la izquierda abertzale a la utilización de los servicios de traducción cuando plantean que la vista se celebre en euskera y el juez -la mayoría de los que ejercen en Euskadi- desconoce este idioma. Con todo, Escribano resaltó ayer que en el caso que le ha llevado a la condicion de imputado el aspecto del "euskera es circunstancial". A su juicio, lo que está en juego es el derecho a la libre designación de abogado. Y por eso reiteró que el colegio iba a estudiar caso por caso los asuntos similares que puedan llegar a partir de ahora, aunque el principio básico será el del respeto a la libre elección de abogado por parte de los ciudadanos. Preguntado tras su declaración si era consciente de que se puede producir un goteo de suspensiones de juicios, el decano respondió que sí, aunque matizó que "nuestra intención es buscar soluciones entre todas las partes para que no exista ese bloqueo y no utilizar fórmulas que nos nos parecen adecuadas." Al calor de esta polémica, el Sindicato de Abogados Euskaldunes defendió la "construcción jurisdiccional vasca" y un Poder Judicial Vasco. Este sindicato quiere promover un debate "en clave de defender que Euskal Herria tiene derecho a la soberanía jurisdiccional". Por su parte, Escribano dijo: "No soy promotor de ningun Consejo Vasco del Poder Judicial. Si existe esa idea aquí yo no me voy a oponer a ella, pero lo que no me gustaría es que fuese un Consejo General del Poder Judicial politizado como el que existe en el Estado".