Del salario de los jueces, las vergüenzas propias y las ajenas

Después de un largo y complicado proceso de negociación, las asociaciones judiciales, apoyadas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), han propuesto al Ministerio de Justicia un aumento de las retribuciones de jueces y magistrados, comprometiéndose, al tiempo, todas las asociaciones a impulsar decididamente las reformas en la Administración de Justicia que propugna el Libro Blanco, aprobado por el CGPJ en el año 1997.Este compromiso con las reformas de la Administración de Justicia, que se produce en un momento especialmente delicado para la credibilidad de la misma entre la ciudadanía, tiene una gran importancia al ser impensable desde cualquier punto de vista que los cambios propuestos -que supondrán un aumento considerable del control y las responsabilidades de los jueces- puedan llevarse a buen fin sin el apoyo decidido de la mayoría de la carrera judicial, siendo totalmente razonable que los mayores esfuerzos que se exigirán a los jueces en los próximos años se incentiven con el aumento de sus retribuciones, que se han depreciado en más de un 18% en los últimos diez años.

Sin embargo, el Ministerio de Justicia, haciendo gala de su proverbial olfato político, ha desestimado la propuesta, limitándose a ofertar la promoción de una "Ley de Retribuciones" que se tramitará "sin prisa, pero sin pausa", según las palabras del secretario de Estado de Justicia, quien esgrimió como argumento principal para justificar su negativa que el aumento de las retribuciones judiciales provocaría un "efecto de arrastre" en otros cuerpos de funcionarios.

Dicha contrapropuesta se descalifica por sí misma, ya que la tramitación de la Ley de Retribuciones de Jueces y Magistrados -pendiente de ejecución desde el año 1985- es notoriamente imposible en lo que queda de legislatura, acreditando, de este modo, la "calidad" del compromiso ministerial con las reformas, propuestas por el CGPJ, que ha sido "ignorado" por el ministerio, al igual que las asociaciones judiciales, a quienes no se ha ofertado ninguna salida digna, restándoles toda credibilidad entre sus representados, entre los que empiezan a producirse movimientos de fondo en algunos sectores, cuyo objetivo es primar intereses particulares más que la búsqueda de una solución global y unitaria para los problemas de la Administración de Justicia.

La propuesta de las asociaciones judiciales ha sido recusada también desde algunos sectores de opinión, que han cuestionado la legitimidad y la oportunidad de la medida denunciando que la iniciativa es insolidaria con los restantes funcionarios, coincidiendo de este modo con el inmovilismo ministerial.

Estas denuncias, al igual que los argumentos del Ministerio de Justicia, son totalmente insostenibles, ya que los jueces y magistrados, además de funcionarios públicos, ejercen un poder constitucional del Estado que se constituye en factor decisivo para el funcionamiento correcto de las instituciones democráticas, siendo ésta la razón por la que la Constitución prohibió a jueces, magistrados y fiscales la afiliación sindical, habilitando un sistema alternativo para canalizar la defensa de sus intereses profesionales a través de sus asociaciones, previniéndose en el artículo 402 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, enmarcado en su Capítulo V, que regula la independencia económica de los jueces, que el régimen de retribuciones de los jueces y magistrados se regiría por ley.

Sin embargo, con la excepción del año 1989, en el que se incrementaron los complementos retributivos por decreto ley, los jueces y magistrados han venido, sin participar en ninguna mesa de negociación de la función pública, sufriendo los mismos aumentos y congelaciones que el conjunto de la función pública, normalizándose de este modo una situación de excepcionalidad constitucional y legal que carece de cualquier justificación sin que los jueces y magistrados, cuya capacidad de presión parece incuestionable, hayan realizado ningún tipo de reclamación en estos diez años, demostrando con sus propios actos una actitud responsable y solidaria con el conjunto de la sociedad española.

En este periodo, mientras sus retribuciones se depreciaban en más del 18% como significó el Consejo General del Poder Judicial en su informe para el Ministerio de Justicia, han visto cómo se producía un aumento muy importante en el salario de los magistrados del Tribunal Supremo, produciéndose un agravio comparativo que hasta el día de la fecha no ha sido explicado razonablemente por el Gobierno, ya que el denominado "ejercicio efectivo de la Magistratura" es predicable para el Tribunal Supremo y para cualquier otro miembro de la carrera judicial, que, no se olvide, se conforma como cuerpo único en la Constitución, no existiendo, por tanto, fundamentos rigurosos que justifiquen un trato retributivo totalmente desproporcionado entre los miembros de un mismo cuerpo, que están afectados básicamente por el mismo sistema de incompatibilidades. Así, pues, la legitimidad de la negociación específica de las retribuciones de los jueces y magistrados por sus asociaciones profesionales no sólo es intachable democráticamente, sino que es el único camino previsto por la Constitución y la ley, no existiendo razones sólidas para bloquear dicha negociación por el "efecto de arrastre" de otros cuerpos funcionariales, por cuanto todos ellos tienen abierta una mesa de negociación propia -en la que los jueces y magistrados no han intervenido jamás, como no podría ser de otro modo, ya que tienen vedada constitucionalmente su afiliación sindical- con cuyos objetivos nos mostramos totalmente solidarios.

Por otra parte, cuestionar la oportunidad de la medida en un momento de bonanza económica, cuando no se ha cumplido el mandato, previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, de regular la Ley de Retribuciones y se ha aumentado geométricamente el salario de la élite de la carrera judicial, discriminando sin explicación alguna a la gran mayoría de jueces y magistrados, cuya retribución se ha depreciado en más del 18%, constituye un ejercicio de irresponsabilidad política que no sólo minará gravemente el compromiso de la totalidad de las asociaciones judiciales con el proceso de reformas en la Administración de Justicia, sino que provocará una grave desmoralización entre jueces y magistrados en un momento histórico en el que es absolutamente imprescindible conseguir que la carrera judicial en su conjunto se comprometa a fondo con ese proceso.

Se impone, por tanto, que el Ministerio de Justicia reabra urgentemente las negociaciones con una disposición diferente, debiendo considerar que las retribuciones de jueces y magistrados no sólo constituyen un coste en los Presupuestos Generales del Estado, sino que deben utilizarse como un instrumento político decisivo para impulsar firmemente las reformas en la Administración de Justicia en la dirección, reclamada unánimemente por la ciudadanía, que viene exigiendo un servicio público de calidad, en el que debe procurarse la total implicación del conjunto de la carrera judicial.

Ricardo Bodas Martín y Javier Martínez Lázaro son, respectivamente, portavoz y miembro del Secretariado de Jueces para la Democracia.