Vizcaya propone adelantar la negociación del nuevo Concierto

VIENE DE LA PÁGINA 1 La judicialización de las normas fiscales vascas ha tenido su último capítulo esta semana, en que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha rechazado la propuesta de las Diputaciones y el Gobierno vasco para que se archivara la causa contra las vacaciones fiscales y otras normas referidas al año 1994. Esta decisión se ha interpretado de diferentes muy maneras en las Diputaciones de Vizcaya y Álava. La Administración vizcaína mantiene que el Tribunal Superior debía haber retirado la causa y, sobre todo, acusa al Gobierno central de "poner en peligro el Concierto económico en su actual concepción", según expresó ayer en una declaración pública. Las acusaciones vizcaínas llegan hasta el punto de afirmar que "la situación actual es consecuencia, única y exclusivamente, de la actuación de la Administración del Estado, y es ella", añade la nota, "la que tiene que poner los medios para que se solucionen". Así pues, propone adelantar la negociación del nuevo Concierto, "o una figura similar que, salvando las consideraciones puestas por las autoridades europeas, garantizase, tal y como determina la Constitución, los derechos históricos de los territorios forales". En una línea similar a Vizcaya, el diputado general de Guipúzcoa, Román Sudupe, calificó de "irresponsable" la actuación del Estado. Lejos de estas apreciaciones, la Diputación alavesa, gobernada por el PP, considera "irreprochable" la decisión del Tribunal Superior. El titular de Hacienda, Juan Antonio Zárate, incluso admitió que de antemano veía "escasas posibilidades de éxito" a la petición de las Administraciones vascas de paralizar el proceso en el Tribunal Superior. Al contrario que la Diputación de Vizcaya, que aprecia que las normas forales a las que se refiere el recurso "no se encuentran en vigor", la Diputación de Álava considera que "algunos efectos sí se extienden hasta el año 2000 e incluso 2004". "Además", añade Zárate, "no hubo una derogación expresa de la norma de 1994". No obstante, el diputado alavés también cree "correctos en términos jurídicos" los argumentos utilizados por las Diputaciones y el Gobierno vasco en el recurso. Dudas sobre Luxemburgo La apuesta de la Diputación alavesa va en el sentido de negociar con el Gobierno central la retirada de los recursos, y en concreto el relativo a los incentivos vascos a la inversión. A este respecto, Zárate entiende que si su estrategia de negociar con la Abogacía del Estado y con el Ministerio de Hacienda da resultado y éstos retiran el recurso, el Tribunal Superior del País Vasco "se quedaría sin causa". Sin embargo, la Diputación alavesa expresó sus dudas en cuanto a la postura que adoptaría el Tribunal de Luxemburgo. Zárate no tiene "tan claro" que haga lo propio porque tal vez "pudiera seguir una especie de tramitación de oficio".