España rechaza someter el "caso Pinochet" a un arbitraje internacional
El Gobierno español rechazó ayer de manera oficial la propuesta del chileno de someter a un arbitraje internacional el caso Pinochet. Ésta es la respuesta -enviada ayer a su embajador en Madrid- a la carta enviada por el ministro de Asuntos Exteriores de Chile, Juan Gabriel Valdés, el pasado día 3 para pedir formalmente esa medida. Su homólogo español, Abel Matutes, explicará hoy la posición del Ejecutivo ante la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados.
"No podemos aceptar un arbitraje sobre algo que está sub júdice", explicó ayer una fuente diplomática española que lamenta el deterioro de las relaciones hispano-chilenas por el caso Pinochet. El ministro de Asuntos Exteriores, Abel Matutes, ya reiteró el pasado día 4 que el Gobierno español no veía forma de "satisfacer" la petición chilena, aunque advirtió que la estudiaría. "No contestamos cartas antes de recibirlas", puntualizó entonces.El escrito enviado ayer al embajador chileno supone un nuevo paso en la polémica mantenida por ambos Gobiernos sobre la correcta interpretación y aplicación de la Convención contra la Tortura en el asunto de Pinochet, en arresto domiciliario en Londres.
Aunque conocía la postura contraria al arbitraje del Gobierno español -el presidente José María Aznar se la ratificó en junio a su homólogo Eduardo Frei en la cumbre de Río de Janeiro-, el Ejecutivo chileno decidió mantener la presión diplomática sobre Madrid.
La Moncloa mantiene que sólo aceptaría llevar la cuestión a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, ya que un arbitraje obligaría a tramitar en el Parlamento español una ley que lo autorizase.
Ante la presión diplomática chilena, el Gobierno español barajó la posibilidad de someter al Consejo de Estado la viabilidad de un arbitraje, y para ello, Matutes pulsó la opinión del secretario general del PSOE, Joaquín Almunia. La idea fue abandonada de inmediato ante las críticas surgidas desde todos los sectores de la sociedad española.
La crisis abierta con Chile ha tenido también repercusiones respecto a Argentina, otro de los principales destinos de la inversión española en Latinoamérica. En Exteriores ha causado especial malestar la actitud adoptada por su presidente, Carlos Menem, que ha hecho causa común con el Gobierno chileno al acusar al español de autorizar una aplicación extraterritorial de la ley en el caso Pinochet. Como gesto simbólico, Menem y Frei han anunciado que no asistirían a la IX Cumbre Iberoamericana -un marco que, en anteriores ediciones, ha condenado la aplicación de leyes extraterritoriales- y que se celebrará en noviembre próximo en La Habana.
Menem aprovechó el caso Pinochet para volver a expresar su irritación por la decisión del juez Baltasar Garzón de abrir una causa, en marzo de 1996, por los crímenes cometidos durante la dictadura militar argentina. Este sumario, en el que están imputados numerosos militares argentinos, es dos meses anterior al abierto por el juez Manuel García Castellón -se inhibió luego en favor de Garzón- contra el general chileno.
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