El Gobierno de Chile revisará los acuerdos firmados con España

El Gobierno chileno aprovechó el 11 de septiembre, una fecha de gran simbolismo para detractores y partidarios de Pinochet, para arremeter contra España. El viceministro chileno de Exteriores, Mariano Fernández, admitió que las relaciones atraviesan una situación "compleja" y anunció que Chile deja sin efecto el Tratado de Solución de Controversias, firmado por ambos países en 1927, y que procederá a revisar todos los acuerdos firmados con España.

El viceministro puntualizó que la revisión no incluye el Tratado de Protección de Inversiones del año 1994. La derecha lleva tiempo pidiendo la suspensión de este tratado y, en julio, la Comisión de Exteriores del Senado (donde la coalición gubernamental de democristianos y socialistas no tiene la mayoría) aprobó una iniciativa en este sentido, lo que provocó el rechazo inmediato del presidente de la República, Eduardo Frei, y del ministro de Exteriores, Juan Gabriel Valdés. El Gobierno se descuelga ahora de un tratado que Chile suscribió hace 72 años y que invocó precisamente el 23 de julio, cuando Valdés pidió oficialmente al ministro español de Exteriores, Abel Matutes, el inicio de conversaciones para un arbitraje sobre la competencia de la justicia española en el caso Pinochet. La propuesta chilena planteaba discutir la cuestión a la luz del referido tratado y de la Convención Internacional contra la Tortura, firmada por España, el Reino Unido y Chile, con la única salvedad de que este último país mantenía una reserva sobre el artículo 30 impuesta durante el régimen de Pinochet.

Este artículo se refiere al diálogo político entre las partes en caso de controversia, agotado el cual se recurrirá a un arbitraje, y, en última instancia, al Tribunal Internacional de La Haya. El 3 de septiembre, el canciller Valdés remitió una nueva carta a su homólogo español en la que proponía oficialmente el arbitraje. Entretanto, Chile había levantado la reserva al artículo 30 de la Convención contra la Tortura.

Se produjo, pues, la paradoja de que un Gobierno democrático eliminaba, para defender a un exjefe de Estado, una cláusula de un tratado que había sido impuesta por aquel mismo jefe de Estado porque cuando estaba en el poder desconfiaba de los tribunales internacionales. En este sentido, la derecha pinochetista nunca vio con agrado la idea de levantar la reserva al artículo 30 de la Convención contra la Tortura,por considerar que llevar el caso hasta el Tribunal de La Haya implicaba un proceso largo y sin garantías de éxito.

Por otra parte, el tratado de arbitraje que ahora denuncia Chile establece en el artículo quinto que no será aplicable en los casos que se susciten entre un ciudadano "de una de las altas partes contratantes y el otro Estado, cuando los jueces o tribunales de este último Estado tengan, según su legislación, competencia para juzgar la referida cuestión". Hay que recordar en este punto que la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional votó por unanimidad, en octubre de 1998, la competencia de los tribunales españoles para juzgar a Pinochet.

En este contexto, no es aventurado señalar que el Gobierno chileno conocía las dificultades que entrañaba la vía del arbitraje, más allá del abrumador rechazo político que la propuesta generó en España. Pero al mismo tiempo, el Ejecutivo chileno ve acercarse la fecha del inicio del juicio de extradición y arrecian las presiones de los militares y los sectores fieles al ex dictador.

Era necesario un gesto ante el primer 11 de septiembre no festivo y sin la presencia de Pinochet en Chile desde el golpe de Estado. La denuncia del tratado de arbitraje se enmarca más en una política de gestos, de amagar y no dar, que en una firme voluntad de avanzar hacia medidas más radicales, como la eventual ruptura de relaciones diplomáticas con España, como sugieren los sectores más fanatizados de la derecha pinochetista.

Pese al bajo perfil de las relaciones oficiales entre España y Chile desde la detención de Pinochet, los intereses económicos no se han visto afectados, tal y como demuestran las estadísticas de la inversión española. Sin embargo, en los últimos días dos hechos que afectan a intereses españoles podrían dar lugar a especulaciones en sentido contrario: por una parte, un juez ha ordenado paralizar las obras de la presa hidroeléctrica de Ralco, que Endesa lleva a cabo en tierras ancestrales de indios mapuches, y, por otra, Telefónica ha advertido que podría replantearse sus inversiones en Chile si pierde la batalla judicial contra un decreto que le impone una rebaja de las tarifas que, en opinión de la empresa española, beneficia a las empresas de la competencia.