Un juez suspende el servicio de autobuses escolares creado para evitar la segregación racial en EE UU

Un sistema vigente desde 1971 en EE UU, por el que los autobuses municipales llevaban a los niños blancos a los colegios anteriormente reservados a los negros y viceversa -para potenciar la integración racial-, fue suspendido ayer en la ciudad sureña de Charlotte, la primera en ponerla en marcha, por un juzgado federal. La demanda que dio lugar a la sentencia fue interpuesta por los padres de una niña blanca de origen hispano que no pudo matricularse en un colegio especial de la ciudad, ya que el cupo para blancos ya estaba cubierto.

La decisión ha sido seguida con gran expectación por los expertos legales y el sistema educativo estadounidense, ya que fue precisamente en Charlotte (Carolina del Norte) donde comenzó el sistema de autobuses, en 1971, que luego se expandió por todo el país. En una famosa sentencia de ese año, la Corte Suprema estadounidense obligó a las autoridades educativas de Charlotte-Macklenburg, que regula la actividad escolar de más de 100.000 niños, a equilibrar racialmente sus aulas. Hasta entonces, el sistema imperante -sobre todo en los estados del sur de EE UU, donde el racismo ha sido mucho más difícil de extirpar- era el de "iguales pero separados": se aceptaba la equiparación legal de blancos y negros ante la ley pero se promovían iniciativas para mantener separadas a las dos comunidades. El resultado era que los niños negros eran destinados a escuelas mucho peor equipadas que las de los niños blancos, y obtenían peores calificaciones escolares.

La decisión tomada ayer por el juez federal Robert Potter se basa en que la Dirección de Educación de Charlotte-Mecklenburg "ha eliminado, hasta los extremos practicables, todos los vestigios de la discrminación que existió en el pasado en el ámbito de las relaciones escolares", según consta en el acta de 115 folios redactada por el propio magistrado.

Negativa de autoridades

Las autoridades escolares de la ciudad, sin embargo, habían pedido continuar con el sistema de autobuses con el argumento de que habían "fracasado" en su intento por acabar con la discriminación racial en las escuelas. Para hoy está prevista una reunión de emergencia en la que probablemente decidirán recurrir el fallo. Ninguno de los responsables educativos hizo ayer comentarios. Charlotte acaparó toda la atención emocional de EE UU en 1971, cuando se convirtió en la primera ciudad del país en poner en marcha, por orden de la Corte Suprema, el sistema de autobuses. El caso fue reabierto en 1997, cuando los padres de una niña que cursa el tercer grado de la escuela primaria, Cristina Capacchione, blanca de origen hispano, demandaron a la Dirección de Educación de Charlotte. Los padres de la niña argumentaron que su hija no había podido ingresar en un colegio público especial -con un programa distinto al usual- porque el cupo para niños de raza blanca ya estaba completo.

Eso obligaba a la hija del matrimonio Capacchione a ingresar en el sistema de autobuses escolares, y cada mañana uno de estos vehículos pasaría a buscarla por su casa para llevarla a un instituto de otro barrio. Muchos niños debían viajar hasta 70 kilómetros por día.

Según la sentencia del juez Potter, la cuotas raciales de esta escuelas especiales "habían llegado mucho más lejos de lo que pedía la sentencia de 1971" a la hora de proveer la igualdad de oportunidades para todos los alumnos.

Los padres de muchos niños negros, incluido el director regional de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color, pidieron ayer el juez Potter que mantuviera las política de no segregación racial en el sistema escolar.

La Dirección de Educación de Charlotte, en una estrategia legal que Potter ha calificado de "insólita", ha apoyado al colectivo de padres negros, con el argumento de que había fracasado en su misión de hacer cumplir las órdenes dictadas en 1971 por la Corte Suprema, y que necesita "varios años más" para acabar con la segregación racial en sus escuelas.

Cuando la norma entró en vigor, por el contrario, las autoridades escolares de la ciudad habían hecho lo posible para no poner en práctica las medidas dictadas por el alto tribunal, y negó incluso que los inspectores federales revisaran sus escuelas.