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Maragall se compromete a doblar el presupuesto de Cultura en el plazo de una legislatura

Enric Company

"Voy a explicar en qué va a consistir el cambio en la política de cultura", dijo ayer Pasqual Maragall al comenzar su intervención ante las 250 personas reunidas en el auditorio de La Pedrera. Desgranó una serie de principios y de prioridades, entre los que destacó la defensa de la pluralidad, y, al final de su intervención, concretó: los presupuestos de Cultura se doblarán en una legislatura y propondrá que el Gobierno central dedique a Cultura el 1% de su presupuesto y destine una parte a la financiación de las grandes instituciones culturales de Cataluña.

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Una variada y amplia muestra de escritores, actores, productores de cine y televisión, promotores y gestores de servicios culturales, diseñadores, arquitectos, editores y profesores acudieron a escuchar cómo Maragall presentaba su programa en materia de cultura. Maragall no les decepcionó. Además de las grandes orientaciones, expuso también prioridades presupuestarias que, por sí mismas, explican en ocasiones más que las proclamaciones retóricas. Se comprometió a doblar el presupuesto de Cultura y, por tanto, a doblar la importancia que ha tenido. Junto a esta oferta, el candidato del PSC a la presidencia de la Generalitat definió los principios en que se basará su actuación en este campo. Uno de ellos, básico, el primero que anunció, es la idea de pacto cultural. Pacto entre administraciones, afirmó, y entre éstas y los creadores y productores de la actividad cultural. Otro, el "compromiso radical" para mantener una cultura propia catalana, desde la plena conciencia de su condición de minoritaria en un Estado pluricultural.Con todo lo que esto exige como apoyo específico. Respecto a la política lingüística, Maragall afirmó que debe fomentar el consenso social y acabar con la política "normativista y unilateral". En la defensa de la pluralidad lingüística incluyó la afirmación del castellano como patrimonio cultural de los catalanes. Una de las novedades fue la propuesta de una política común para el área lingüística del catalán con los gobiernos de Aragón, Baleares y Valencia y la corresponsabilización del Gobierno español en ella.

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