El defensor del pueblo critica que a los alumnos sólo se les examine en catalán

El defensor del pueblo, Fernando Álvarez de Miranda, ha aprovechado la resolución de las quejas de dos profesores de la Universitat Rovira i Virgili (URV), excluidos de las pruebas de selectividad por haber cuestionado que éstas se realicen sólo en catalán, para arremeter contra la práctica establecida en algunas universidades catalanas. Álvarez de Miranda considera que todos los alumnos deben tener la posibilidad de disponer de un ejemplar del examen en lengua castellana y no limitar esta opción sólo a aquellos que "manifiesten dificultad de comprensión de los enunciados por la lengua usada" tal como recoge la normativa sobre el uso de la lengua en las pruebas, que se aplica en toda Cataluña. El defensor se muestra cáustico en su respuesta a la URV y afirma no entender la razón por la que no se proporciona desde el primer momento a aquellos alumnos que lo solicitan los impresos en castellano, dado que, señala, "no cabe pensar que las pruebas se utilicen indirectamente para evaluar los conocimientos de lengua catalana... más allá, claro está, de la prueba correspondiente". Y añade: "Menos aún cabe pensar en que el ejercicio de la libre opción lingüística de la que los alumnos disponen pueda tener la menor influencia en el resultado de las pruebas en las que participan". Razones insuficientes El defensor del pueblo respondió de esta forma a la URV sobre las quejas de dos profesores del departamento de Letras que fueron separados de la corrección de los exámenes de selectividad por haber cuestionado, ante la instancia presidida por Álvarez de Miranda, el hecho de que los exámenes de selectividad sólo tuvieran ejemplares en catalán y que a uno de los alumnos se le denegara una copia en castellano. Álvarez de Miranda considera que las razones de la URV para excluir a ambos docentes del tribunal de corrección -el hecho de que ambos expusieran sus quejas a un organismo externo sin haber agotado todas las vías internas de reclamación- son insuficientes y sugiere que el ámbito de competencias de las universidades de las comunidades autónomas se deberían centrar sólo en "las especialidades derivadas de la cooficialidad lingüística". El defensor recuerda que entre los requisitos solicitados a los profesores para participar en las pruebas de acceso no se encuentran los relativos a desacuerdos en los criterios de organización, ni se exige que éstos se tengan que canalizar de forma exclusiva a través de las vías jurídicas establecidas por la universidad. El defensor del pueblo recomienda que la URV revise el acuerdo por el que se excluyó a los profesores Josefina Albert y José María Fernández de la participación en la selectividad de este año y que declare que ambos tienen los requisitos necesarios para participar en las mismas.