El Congreso venezolano no acata su disolución por la Constituyente

El diálogo de besugos y conflicto de poderes desencadenados en Venezuela después de que la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) decretase el cierre técnico del Congreso mientras no obedezca sus instrucciones, sublevó de nuevo a la oposición, agravó la crisis institucional y sus consecuencias económicas pueden demostrarse dañinas.

Los diputados de los partidos tradicionales representados en el Congreso, que controlan la mayoría de sus escaños, denuncian haber sido atropellados constitucionalmente y decidieron no acatar ni reconocer el decreto de emergencia legislativa aprobado la madrugada de ayer. Sus portavoces anuncian otro desafío a la Asamblea a través de una segunda convocatoria a sesión plenaria del Congreso, con fecha a concretar, expresamente prohibida por el decreto de emergencia legislativa. Susceptible de acentuarse la confrontación -a propósito de las medidas punitivas contra gobernadores y alcaldes bajo sospecha de corrupción propuestas en el decreto de emergencia del poder ejecutivo en ciernes-, la disputa política utiliza munición de grueso calibre y no parece fácil la conciliación. La razón es sencilla: la Asamblea y sus 120 diputados chavistas, imbatibles en una Cámara de 131 miembros, se declaran originarios en el artículo primero de funcionamiento, con facultades para intervenir cualquier poder público o institución cuyo comportamiento entre en colisión con los trabajos de la Constituyente, que acomete la transformación del Estado. Eso es lo que ocurrió con la Comisión Delegada del Congreso, que no quiso reunirse para autorizar el viaje de Chávez a Panamá, ni para aprobar los créditos solicitados por el Ejecutivo. No lo hizo porque se proclamó reducida a la condición de vasalla, sometida a las órdenes del Gobierno por una Asamblea que, afirman, no es plenipotenciaria, vulnera la Constitución de 1961 e ignora los poderes constituidos. "Sólo respetan el Estado de derecho cuando les interesa", protestó Liliana Hernández, presidenta de la Comisión de Finanzas por Acción Democrática, partidaria, como otros dirigentes, de una resistencia activa, de que la Comisión Delegada apruebe resoluciones aunque tropiecen con las pretendidas por la Constituyente. De todas formas, la reacción de la Constituyente a la negativa de la Comisión Delegada del Congreso a aprobar el viaje de Chávez a la investidura presidencial de Mireya Moscoso fue fulminante. "La Asamblea no va a ser bobalicona. Tomará decisiones", advirtió el coronel retirado Luis Alfonso Dávila, el oficialista presidente del Congreso, donde la oposición controla el 60% de sus escaños. La ANC asumió las pocas funciones que le quedaban al moribundo, autorizó el viaje y aprobará los créditos si la Delegada no lo hace. La coalición gubernamental advierte que el proceso de cambios, la cruzada por la purificación de los poderes, no tiene marcha atrás porque la podredumbre es tanta que apremia. Los debilitados partidos tradicionales, Acción Democrática, socialdemócrata, Copei, democristiano, y el conservador Proyecto de Venezuela, tratan de no perecer y actuar en coalición. Contra ellos cargó el jefe del Estado poco antes de despegar hacia Panamá. "Estamos en un proceso de recuperación de la imagen internacional de Venezuela. Hasta hace pocos meses era conocida en el mundo como un país petrolero, donde los presidentes vivían con sus amantes en el palacio, delante de todos, descaradamente", declaró. "Era un país donde mandaba la corrupción, donde se desconocían los derechos humanos fundamentales, donde se perseguía a la prensa, donde se utilizaba a las Fuerzas Armadas para disparar balas de fusil a la gente en las calles. Estamos en el renacimiento de Venezuela".