Dicen y luego se desdicen

En diciembre de 1998, la Junta de Andalucía, presidida por Manuel Chaves, aprobó incrementar con fondos propios en 9.395 pesetas (un 1,8%) las pensiones por jubilación e invalidez en su modalidad de no contributivas a 107.500 andaluces. Javier Arenas, entonces Ministro de Trabajo, señaló que la medida era "demagógica, electoralista e irresponsable".Joaquín Almunia, secretario general de los socialistas calificó de "rabieta injustificada" la reacción del Gobierno, mientras que el presidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, afirmaba que "es necesario un nuevo Pacto de Todedo, con el único objetivo de mejorar y garantizar las pensiones".

Los sindicatos UGT y CCOO rechazaron la subida de pensiones en Andalucía. Posteriormente rectificaron y puntualizaron que no estaban en contra de la subida, "sino de que la decisión la tome una comunidad por su cuenta", en palabras de Antonio Gutiérrez. Sin embargo, los responsables sindicales en Andalucía apoyaron la medida de Chaves.

La pasada primavera, el Gobierno recurrió ante el Tribunal Constitucional (TC) la decisión de la Junta de Andalucía. En julio, el Constitucional permitió a la Junta aplicar la subida, a expensas de un pronunciamiento posterior sobre el fondo del asunto. El ministro de Economía, Rodrigo Rato, insistió en las críticas a la Junta andaluza y señaló que es "muy grave" que cada comunidad pueda aumentar unilateralmente sus pensiones.

El ministro de Trabajo, Manuel Pimentel, descartó incluir una mejora de las pensiones mínimas en los Presupuestos del 2000 y señaló que subirían un 2%, igual que la inflación prevista.

El 7 de agosto, el presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, anunció que su Gobierno subirá las pensiones más bajas, a lo que se sumaron las otras comunidades.

Una semana después, el Gobierno decide adelantar la convocatoria del Pacto de Toledo a septiembre, seis meses antes de su vencimiento, y el PP admite que las pensiones más bajas pueden subir.