La Constituyente venezolana debate hasta dónde debe llegar la emergencia nacional

La convención que ha tomado el poder en Venezuela quiso ayer ser revolucionaria y declarar "la emergencia nacional" para poner fin al desastre tras 40 años de desgobierno y desaforada granujería de los partidos tradicionales, según los seguidores del presidente Hugo Chávez, mayoritarios en la Asamblea Constituyente. Pero tal fue la confusión y el galimatías en el debate, que muchos diputados no sabían siquiera si habían aprobado o no el decreto de la polémica, y se decidió prolongar la sesión hasta deshacer el embrollo. Entrada la noche, proseguía la discusión.

La intención de la convención era decretar "la emergencia nacional de todos los órganos del poder público", así como autorizar a la Asamblea a "disponer la intervención, la modificación y la suspensión" de todas las instituciones del Estado con la intención de revertir la catastrófica situación nacional, lo que en la práctica supone la culminación del golpe de Estado permanente que la nueva mayoría ha venido imponiendo desde las elecciones del 25 de julio, según ha denunciado la oposición en estas dos semanas de duelos.Tras varias horas de acalorada discusión en varias direcciones a la vez y un receso para que los constituyentes almorzasen, la mesa directiva sometió el texto a votación de sus señorías, que lo aprobaron por "mayoría evidente", como proclamó el presidente de la convención, Luis Miquilena, antes de que los diputados, poco duchos la mayoría en las complejidades del derecho constitucional e incluso en el derecho a secas, descubriesen con desconcierto lo sucedido. Hubo un conato de rebelión y en una insólita decisión destinada a sentar precedente en la historia de las asambleas constituyentes, la soberanísima derogó el decreto que acababa de aprobar y decidió continuar la discusión.

Varias horas más tarde, la opinión que se imponía anoche era que la declaratoria de emergencia no debía comportar la suspensión de las garantías constitucionales y derechos fundamentales, aunque los más lanzados de entre los constituyentes del Polo Patriótico de Chávez insistían en imponer el estado de excepción sin restricción alguna para intervenir a continuación y sin dilación los sindicatos, el poder judicial y el resto de instituciones nacionales. Los moderados se opusieron a tanto radicalismo y pidieron además que se incluyese una cláusula que ofreciese algún tipo de garantía a los inversores locales y foráneos.

"Declarar el estado de emergencia supone declarar el estado de sitio", advirtió a los presentes el asambleísta Allan Brewer Carías, uno de los únicos cuatro opositores y voz sensata en temas legales, en opinión incluso de sus enemigos políticos, lo que causó impresión entre la concurrencia. De hecho, la reacción de la comunidad internacional ante la posible declaración de emergencia centró gran parte de las intervenciones de los constituyentes, conmocionados todavía por la acusación del presidente el día anterior en el mismo foro, en el sentido de que los enemigos de la revolución han organizado una "salvaje campaña internacional contra Venezuela".

En ese espíritu, el constituyente Guillermo García Ponce pidió suprimir las palabras "emergencia nacional" del decreto, para "no dar armas a la prensa extranjera, a los mercenarios que denigran el proceso político de Venezuela". Por la misma razón, otros diputados exigieron a la soberanísima que se plantara, brava, ante las presiones de la comunidad internacional y otro legislador, Ildefonso Finol, habló de los "ribetes de conspiración económica para ahuyentar las inversiones" del país y hacer fracasar la revolución de Chávez.

Pero dejando a un lado la discusión sobre la emergencia nacional, este primer decreto que ayer se disponía a aprobar la soberanísima demuestra en el resto del articulado que la retórica revolucionaria utilizada hasta ahora por los nuevos dueños políticos del país, tras arrasar en las elecciones a la Asamblea Constituyente del pasado 25 de julio, no se desplegó en vano y no deja dudas sobre la intención de la convención de ejercer hasta el final las prerrogativas del poder absoluto que se ha arrogado. Todo ello, ignorando una resolución en contra del Tribunal Supremo de marzo pasado, que establecía que la única tarea legítima de la convención es dedicarse a la redacción de una nueva Carta Magna.