La guerra de las pensiones

En marzo de este año, CiU votó, de la mano del PP, contra una proposición del PSOE en el Congreso para subir 2.000 pesetas al mes las pensiones mínimas y las no contributivas. Esquerra Republicana recuerda que CiU paró en el Parlamento catalán una propuesta suya de aumento de pensiones. El pasado viernes, Jordi Pujol anunciaba que su Gobierno subirá las pensiones más bajas de Cataluña para compensar el diferencial de inflación de esta comunidad con el resto de España. A lo largo del fin de semana, otras autonomías han ido avanzando propuestas en la misma línea. ¿Qué ha pasado en Cataluña en tan pocos meses para que CiU haya cambiado tan rontundamente de opinión? El único dato circunstancial que salta a la vista es que está en vigilias de sus elecciones autonómicas. La sombra de electoralismo planea siempre en este tipo de medidas. La hubo con Chaves en Andalucía y la hay con Pujol. Sin embargo, las circunstancias tiznan de manera más contundente la decisión del presidente de la Generalitat catalana. Pujol anunció repentinamente la subida el mismo día en que el nuevo Gobierno balear anunciaba la suya -un político que ama tanto la metáfora del maquinista; en este tema, si se descuida, viajaría en el furgón de cola-; CiU apoya a un Gobierno, el de Aznar, que es un sistemático y feroz enemigo de estas medidas autonómicas, lo que le suministra un factor de distancia muy higiénico para sus intereses electorales, y, tras 20 años de gobierno, Pujol lanza su anuncio, a tres meses como máximo de los comicios, sin tan siquiera citar un condicional obvio: ha de ganar antes unas elecciones. Los argumentos de Pujol para esta subida son razonables. Si los pensionistas catalanes sufren una inflación superior a la estatal, resultan penalizados cuando los aumentos de sus retiros se calculan en función del incremento de la inflación global. Por otra parte, el debate sobre si estas iniciativas autonómicas rompen la caja única del Estado está muy desactivado gracias a la iniciativa pionera en este sentido de la comunidad andaluza. Las pensiones no contributivas no se pagan con las cotizaciones de la Seguridad Social, y el Tribunal Constitucional levantó cautelarmente la suspensión que el Gobierno de Aznar quiso imponer al decreto andaluz. Un Gobierno que, sin embargo, insiste en perseguir estas iniciativas, que se multiplican imparablemente. En palabras del ministro de Trabajo, que anuncia nuevamente el recurso al Constitucional, hay que evitar "la batalla de pequeños sátrapas locales donde cada aldea quiera tener unas pensiones distintas a las de al lado". No se descarta que Aragón se incline esta semana por una medida similar, mientras Unidad Alavesa quiere abrir un debate en el Parlamento vasco sobre la cuestión. Asturias planea sumarse a la moda el próximo año si el Gobierno no ha subido para entonces la cuantía de las pensiones. Sólo dos comunidades no gobernadas por el PP no han dado todavía ningún indicio de sus intenciones al respecto. Mientras, el Ejecutivo sólo sabe escandalizarse, y no lo hace tanto por la miseria de las pensiones cuanto porque algunos gobiernos autonómicos proponen subirlas. Porque, cuando se habla de aumentar las pensiones más bajas, ¿de qué se está hablando? Los incrementos satisfechos en Andalucía o prometidos en Cataluña no llegan a las 800 pesetas. El coste anual, por ejemplo, para las arcas catalanas de esta subida unilateral no llegaría a los 700 millones. Y es que nos estamos refiriendo al aumentos de unas pensiones, las no contributivas, fijadas ahora mismo en 37.955 pesetas mensuales. Vista la repercusión que han tenido y están teniendo las iniciativas andaluza, balear, catalana y todas las que vendrán, estamos ante las campañas de propaganda institucional más baratas que se hayan podido imaginar. Porque para este pobre jubilado, forzado a una apuradísima supervivencia, esta subida simbólica es como si, cada mes, le dieran para una botella de leche donde mojar las penas. Así, de lo anunciado el viernes por Pujol más vale retener su voluntad de que la próxima negociación del Pacto de Toledo, en el año 2000, contemple y palie la miseria de los cerca de dos millones de españoles que ingresan menos de 45.000 pesetas mensuales. Y habrá, también, que reconocer la visión política de Chaves al lanzar un cohete que se ha visto imparable.