Barreras doradas

LA COMISIÓN Europea ha instado a varios Gobiernos, entre ellos el de España, a que retiren el derecho de veto que mantienen sobre las decisiones de los consejos de administración de empresas privatizadas. Esta facultad extraordinaria se conoce como acción dorada y la Comisión entiende que restringe la libertad de empresa y de circulación de capitales. Al reservarse el derecho a autorizar operaciones estratégicas en las compañías privatizadas, tales como la compra de acciones de la empresa, fusiones o inversiones, los Gobiernos consiguen intervenir en esos casos específicos y ejercer una tutela intimidatoria permanente que tiene consecuencias disuasorias sobre tentativas de fusión o compra de paquetes de acciones de la empresa vigilada.El derecho de veto del Gobierno en las empresas privatizadas estaba probablemente justificado hace 15 años, cuando se iniciaron en el Reino Unido las privatizaciones de empresas que operaban en sectores estratégicos -petróleo, gas, comunicaciones, defensa- y no existía suficiente experiencia sobre el impacto de la venta de empresas públicas sobre la economía y sobre los mercados. Hoy, con la experiencia acumulada y en un mercado único en el que los capitales deben fluir libremente, la acción de oro es una cautela injustificada.

Si los Gobiernos europeos quieren ser consecuentes con la UE -algo que no está tan claro en algunos casos, como demuestra la reacción de Lisboa en la operación BCSCH-Champalimaud-, deberían aceptar la conminación de Bruselas, retirar ya sus acciones doradas y renunciar a influir sobre decisiones de empresas que ya son privadas. Son muy pocos los casos en los que está justificada la sombra del Gobierno sobre la gestión de un grupo privado y deberían ser tratados como excepciones. Respecto a España, hay que añadir que el Gobierno de Aznar se ha reservado unos plazos de autorización previa que más parecen una condena. Los 10 años impuestos a Telefónica, ENDESA y Repsol o los ocho años a Tabacalera exceden cualquier calendario razonable de adaptación de empresas que operaban en régimen de monopolio u oligopolio a mercados abiertos. Periodos tan largos son la confirmación de que el Gobierno quiere mantener un control político sobre las grandes empresas privatizadas que es incompatible con las reglas del mercado y choca con las normas de Bruselas.