Apaños autonómicos

EL BALANCE presentado por el Gobierno sobre la financiación autonómica en 1997, primer año de aplicación de la nueva fórmula pactada por PP y CiU, ha confirmado las peores sospechas. Los datos ofrecidos, lejos de facilitar un mínimo consenso interpretativo de todas las partes implicadas, no han hecho más que emponzoñar las relaciones entre las distintas comunidades. El lenguaje utilizado para discutir sobre el dinero autonómico nada tiene que ver con la teórica adecuación de los recursos a las necesidades de cada región, la corresponsabilidad fiscal o la solidaridad. Se trata de dividendos y agravios, comunidades buenas y ganadoras, comunidades malas y perdedoras, pactos bilaterales y acuerdos secretos, compensaciones y correcciones, arreglos y apaños... Es decir, la peor retórica del agravio comparativo, el ventajismo electoralista y la demagogia nacionalista o antinacionalista.Los resultados que ha presentado el ministro Ángel Acebes no se refieren realmente al funcionamiento del sistema pactado entre PP y CiU en 1996, cuya columna vertebral fue la cesión del 30% del IRPF a las autonomías. El sistema como tal no llegó a ponerse en práctica nunca. Y, en propiedad, como todo invento que no funciona, ha sido un fracaso. Cuando en la primavera de 1998 el Gobierno tuvo los primeros datos sobre la caída en la recaudación del impuesto sobre la renta, fruto de su propia política fiscal, modificó los sistemas de garantía, que son los que han determinado la financiación autonómica real durante este primer año.

El balance que ha presentado el Gobierno ha sido, pues, el resultado de los apaños posteriores. En abril de 1998 se introdujo la cláusula que garantizaba un crecimiento de las dos principales fuentes de ingresos de las autonomías (IRPF y participación en los ingresos generales del Estado), al menos equivalente al del PIB nominal, que aquel año fue del 5,46%. El acuerdo original sólo aseguraba en los ingresos por IRPF una subida mínima del 90% de dicho índice.

Estas nuevas garantías han contribuido en buena medida a salvar el año a las comunidades acogidas al nuevo sistema, pero los mayores ingresos procedieron de otras fuentes, como el aumento, muy superior a lo previsto, en el capítulo de participación en los ingresos generales del Estado (PIG), que ha sido del 11,31%, y sobre todo de los acuerdos bilaterales. La polémica desatada por el pacto entre PP y CiU, principalmente por los 400.000 millones de pesetas de nuevos ingresos que iba a obtener Pujol por el IRPF, carecía de todo fundamento. Como tampoco lo tenían los argumentos de las comunidades pobres, que temían ser las grandes perjudicadas.

En los presupuestos de 1997, por ejemplo, CiU presupuestó unos ingresos por IRPF de 403.000 millones y la recaudación por este concepto, según la liquidación del Gobierno, ha sido de 361.464 millones. En cambio, ingresará 6.000 millones más de lo previsto por PIG. ¿Cómo se resuelve el enigma? Con parches acordados caso por caso. Por ejemplo, Cataluña recibió sigilosamente 42.495 millones del Ministerio de Fomento para financiar la carretera del Eix Transversal, que se creía pagada por la Administración catalana con sus propios recursos.

En otras palabras, el dinero que reciben las comunidades en la práctica no depende de ninguna fórmula determinada, sino de los pactos bilaterales alcanzados en función de la coyuntura política. En esta línea cabe situar la reciente oferta de 100.000 millones por parte de PP para lograr el apoyo de Unió Mallorquina o la promesa de conceder a Aragón un régimen similar al concierto vasco para facilitar un acuerdo con el Partido Aragonés.

Con esta suerte de particularidades, apaños y arreglos es difícil entender que no se haya podido hallar una solución para resolver la financiación de Andalucía, asunto que, por otra parte, está en manos de los tribunales. En cambio, parece bastante insostenible que el Gobierno central se empeñe en negar un dato tan objetivo y determinante como es la población para valorar el coste de los servicios. La Junta de Andalucía recibe unos recursos inferiores a sus necesidades al no reconocerse su población real, que es superior en 400.000 personas a la que se computa para determinar su financiación. Sólo este aspecto representa un déficit anual de 46.000 millones.

El Gobierno ha perdido tres años y bastante credibilidad para afrontar un tema que debería servir para clarificar y optimizar el gasto público, y no como munición arrojadiza para las campañas electorales.