Chile solicita a España que acepte un arbitraje sobre el 'caso Pinochet'

El Gobierno chileno, a través de una carta oficial de su ministro de Asuntos Exteriores, Juan Gabriel Valdés, a su homólogo español Abel Matutes, ha pedido a España que acepte un arbitraje internacional para determinar quién tiene competencia jurisdiccional en el caso Pinochet. España está dispuesta a estudiar la petición, aunque ve importantes problemas para responder a la solicitud chilena. Pero la mayor preocupación del Gobierno español, según las fuentes consultadas, se centra en la situación interna de Chile, en vísperas electorales. En las últimas semanas, el Ejecutivo chileno ha redoblado sus presiones sobre Madrid para que intente anular la demanda de extradición interpuesta por el juez Garzón ante las autoridades judiciales británicas.En su larga carta fechada el 23 de julio, Valdés pide "negociar a la mayor brevedad un compromiso a fin de someter al arbitraje la cuestión" que les divide y llega a decir que "si las acciones judiciales contravienen principios de derecho internacional y constituyen agravios para otros Estados, ningún Estado puede escudarse en la independencia de su poder judicial (...)". La carta muestra que el Gobierno español no logra convencer al chileno de que no dispone de margen de maniobra para influir en el procedimiento de extradición de Pinochet, y que no pudo en su día oponerse a tramitar esa demanda que tuvo que pasar por el Consejo de Ministros. El Gobierno español entiende que ha actuado en pleno respeto del Estado de Derecho y de la independencia del poder judicial y así lo ha expuesto Matutes en diversos pronunciamientos en la prensa chilena.

Obstáculos

Con anterioridad, el Gobierno chileno había considerado la posibilidad de un arbitraje internacional, de acuerdo con un convenio entre España y Chile de 1927. En el último mes ha optado por pedir que se abra la vía prevista en el artículo 30 del Convenio Internacional sobre la Tortura de 1984 para, pese a las reservas chilenas sobre este texto -que se comprometen a salvar en unos días-, constituir un tribunal de arbitraje. Sin embargo, aunque el Gobierno español está dispuesto a examinar esta petición, cree que hay importantes obstáculos. Por parte de España, el desarrollo de ese artículo requeriría la aprobación de una ley o un acto parlamentario. El Gobierno está dispuesto a elevar consultas a un órgano como el Consejo de Estado. Ahora bien, incluso si se salvaran estos procedimientos y un arbitraje diera la razón a Chile, tal posición no tendría que afectar al juez Garzón ni a los magistrados británicos que están examinando el caso, según las fuentes consultadas.

Valdés recoge lo que ya apuntara en una anterior misiva de octubre de 1998, respecto del "grave daño" que la detención del exdictador y la demanda de extradición causan "al proceso de transición democrática y de reconciliación nacional". De hecho, Chile, según se aprecia desde la diplomacia española, se ha convertido en un hervidero de rumores sobre posibles desafíos militares al poder civil.