Plante farmacéutico

EL CONFLICTO entre el Gobierno y Farmaindustria, la organización patronal de los laboratorios farmacéuticos, indica que el Ministerio de Sanidad no había negociado con claridad y firmeza el pacto de financiación del gasto farmacéutico. Farmaindustria, que pagó en 1998 aproximadamente la mitad de los 65.000 millones convenidos para reducir el número de fármacos excluidos por el medicamentazo, considera ahora que no puede pagar el resto si, además, el ministerio le exige 20.000 millones más para compensar el aumento de la venta de medicamentos. Pero el plante tiene más de una interpretación. También puede leerse como una medida de presión para suavizar el decreto de precios farmacéuticos de referencia, que debe ser desarrollado por una orden ministerial que determine los fármacos con precio controlado.Por principio, la posición de Farmaindustria es rechazable. Los acuerdos están para cumplirlos y la norma debe ser la negociación. Resulta poco creíble que la patronal no pueda negociar con el Gobierno los 20.000 millones adicionales. El plante, aunque sea táctico, revela además la debilidad política de Sanidad. El problema es que el Gobierno se ha quedado sin margen de maniobra, porque tanto el medicamentazo como los pretendidos esfuerzos de liberalización del mercado no han funcionado, como se demuestra por el espectacular crecimiento del gasto farmacéutico, más del 11% en el primer semestre de 1999. O la tibia liberalización, más nominal que real, ha sido insuficiente para enfriar los precios o no se ha encontrado el antídoto para frenar el gasto superfluo.

Con el gasto farmacéutico disparado, el Gobierno tiene que actuar con firmeza para defender el decreto de precios de referencia y los fármacos genéricos -productos sin marca, más baratos-. Es el único instrumento que queda para recortar el gasto. España consume muy pocos genéricos. Apenas el 1% de las ventas totales, mientras que en Alemania, por ejemplo, se llega al 60%. Si Farmaindustria ha querido echar un pulso para rebajar el contenido de la norma futura sobre precios de referencia, el Gobierno debería oponer una actitud e ideas claras. Sería un error obcecarse en imponer los 20.000 millones -que deben negociarse con el sector-, cuyo efecto sobre el gasto es beneficioso pero circunstancial, a cambio de concesiones sustanciales en el número y precio de referencia de los medicamentos susceptibles de cambiarse por genéricos, un instrumento para bajar los precios de forma permanente. La elección no debiera plantear dudas.