Los fallos de los coches quedan sin indemnizar en España, aunque la ley ampare al conductor

Las leyes españolas amparan a los consumidores, de modo que si alguien sufre un accidente grave por culpa de un fallo mecánico puede arrancar una indemnización al fabricante. La Dirección General de Tráfico dice que el 1,3% de los accidentes mortales de carretera -unos 50- se podrían achacar a la máquina. Sin embargo, los fabricantes rara vez se ven aquí en situaciones tan comprometidas como viven ahora Ford, General Motors y Toyota en Estados Unidos. Los españoles no reclaman, y los pocos que lo han hecho han logrado indemnizaciones de mucha menor cuantía.

En California, un jurado ha castigado a General Motors a pagar una indemnización récord de más de 800.000 millones de pesetas a seis personas que sufrieron graves quemaduras por la explosión de un coche al recibir un golpe trasero de un automóvil conducido por una persona que conducía bajo los efectos del alcohol. El jurado consideró que el vehículo incendiado tuvo un fallo. En Gerona, un ciudadano denunció también a General Motors, fabricante del Opel Astra que conducía, porque los cinturones de seguridad fallaron tras el accidente sufrido, de modo que el ciudadano se estampó contra el parabrisas. Ocurrió en 1993. Dos años más tarde, el juez le dio la razón, pero Opel recurrió. Finalmente, tras tres años de proceso, la Audiencia Provincial confirmó la sentencia. La indemnización fue de 854.000 pesetas.La pírrica batalla de este ciudadano gerundense es excepcional. Fabricantes, aseguradoras y organizaciones de consumidores coinciden en afirmar que los españoles no reclaman. Las grandes compañías de seguros consultadas por este periódico tampoco parecen interesadas en pedir daños y perjuicios a los fabricantes. Hay razones de todo tipo. "Cuando uno usa un coche ya sabe que está corriendo ciertos riesgos; por eso paga un seguro", explica la portavoz de Opel España. "Demostrar que fue un fallo técnico lo que motivó un accidente es un proceso costoso y complicado", dice la OCU (Organización de Consumidores y Usuarios). "El problema es que la ley que permitiría ir contra los fabricantes es la gran desconocida en España y, además, no hay conciencia social para reclamar nuestros derechos", dice el abogado Juan Ramón Hidalgo.

Máquinas infalibles

Tal es la situación en España, que si no fuera por las estadísticas de la DGT, parecería que los automóviles fueran infalibles. Francisco Aparicio, director del Instituto del Tráfico de Madrid, un organismo universitario especializado en la investigación del automóvil, resume los problemas: "Es difícil establecer que la causa de un accidente es un problema mecánico porque en casos graves el conductor suele morir y él es el que detecta el fallo. El coche queda destrozado, así que la investigación es costosísima, por lo que la gente no suele ponerla en marcha. Si se hace la investigación, luego hay que dilucidar si fue el fallo mecánico el principal detonante. El reventón de una rueda es uno de los fallos más habituales. Habrá que ver si el neumático estaba en buen estado y si el conductor llevaba la velocidad adecuada. Hay que tener claras evidencias para enmedarle la plana a un gigante como es un fabricante de coches".La norma que mejor defiende a las víctimas de un fallo del automóvil, esa gran olvidada que citaba Hidalgo, es la Ley de Responsabilidad Civil por los daños causados por productos defectuosos, aprobada en 1994. Esta ley, que trasponía una directiva europea, permite al consumidor reclamar durante un periodo de diez años de vida del producto e incluso impone un límite máximo a la cuantía de la indemnización, situada en 10.500 millones de pesetas.

Con esta ley y otras vigentes, Juan Ramón Hidalgo cree que los españoles tienen armas suficientes para ponerles las cosas difíciles a los fabricantes, si bien todos coinciden en afirmar que no se puede aspirar a indeminzaciones tan voluminosas como las estadounidenses.

"El derecho es imaginación", sentencia Hidalgo, coautor del libro Derecho del producto industrial. Pero además de imaginación, los consumidores del otro lado del Atlántico cuentan con el decidido apoyo de las instituciones públicas. Ha sido el Gobierno de EE UU, por ejemplo, el que ha llevado a la empresa japonesa Toyota a los tribunales solicitando una multa de 9,5 billones de pesetas porque sus vehículos muestran un fallo en el control anticontaminación de los vapores de la gasolina, lo que agrede al medio ambiente. En España, uno de los países europeos de mayor índice de siniestralidad del automóvil, lo que quita el sueño a la DGT es que el 90% de los accidentes se produzcan por culpa del conductor, del factor humano. Los atestados de la Guardia Civil son los únicos datos básicos disponibles para una potencial investigación que nunca se hace. "No hay mecanismos de financiación para llevarlos a cabo", sentencia Aparicio.

Así que los pocos consumidores que pretenden iniciar acciones no encuentran más que impedimentos. Un conductor ha acudido al Instituto del Tráfico de Madrid porque asegura que falló el airbag, pero ya le han dicho que investigar su asunto le costará 200.000 pesetas para empezar. Otro aseguraba que la suspensión del coche le jugó una mala pasada. El problema es que su accidente ocurrió hace dos años y ya no hay pruebas sobre las que indagar. Estos dos años los ha pasado en la UVI. "Con las técnicas de hoy sólo tenemos fallos menores", aseguran en Ford. No es cierto. Ese pequeño 1,3% de casos de los que habla la DGT indican que en 1998 hubo 48 accidentes cuya principal causa fue un fallo mecánico. En cada uno de ellos hubo, al menos, un muerto.