De Roma a La Haya pasando por Nueva York

ANTONIO YÁÑEZ-BARNUEVO Con este título no se sugiere un programa turístico más en medio de un verano agobiante. Sencillamente, se trata de resumir el itinerario en que estamos metidos para poner en marcha una justicia penal internacional digna de ese nombre. Roma representa la Conferencia de la ONU, allí celebrada hace justo un año, que resultó en la adopción -para muchos inesperada- del Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI). La Haya será el punto de destino, la sede de la futura Corte cuando el Estatuto que la crea reúna las 60 adhesiones de Estados que se precisan para que entre en vigor. Nueva York, centro principal de la ONU, es el lugar donde se concentran los esfuerzos de un gran número de países, instituciones y asociaciones de todo el mundo para hacer que la CPI vea la luz y empiece a funcionar efectivamente en el plazo más breve posible.

La adopción del Estatuto de Roma, el 17 de julio de 1998, por una mayoría abrumadora (120 Estados a favor, siete en contra y 21 abstenciones) fue acogida con la lógica división de opiniones. Muchos, especialmente parlamentos democráticos y organizaciones de defensa de los derechos humanos, saludaron la buena nueva como un importante paso hacia el final de la impunidad para los más graves crímenes de trascendencia internacional, que chocan a toda conciencia civilizada: el genocidio, los delitos de lesa humanidad, los graves crímenes de guerra. Otras voces, menores en número pero no por eso irrelevantes, hicieron ver su descontento, bien sea por exceso o defecto. Estas voces críticas respecto a la futura Corte pueden ilustrarse con algunas opiniones expresadas a lo largo del año transcurrido. Apenas se había producido la aprobación del Estatuto cuando un destacado senador norteamericano, representativo de una cierta manera de ver el mundo desde el Capitolio, publicó un artículo que, bajo la consigna de Aniquilad a ese monstruo, se refería a la proyectada CPI como algo que pondría en peligro el papel único de EE UU en la escena internacional. Presumiblemente en el otro extremo se sitúan otras declaraciones, incluso por parte de personas que pueden ser consideradas como responsables, quienes vienen a decir: el Estatuto de Roma es "papel mojado", de todas formas no va a entrar en vigor porque los Estados no lo ratificarán, y si lo ratifican, la Corte no servirá para nada, y así sucesivamente.

Esas dos posiciones, a primera vista opuestas, dan la impresión de encontrarse unidas en el fondo por el mismo apego a una concepción tradicional del ius puniendi como un atributo esencial del Estado soberano y por una consiguiente desconfianza en la capacidad de las instituciones de la comunidad internacional para dictar justicia o hacer prevalecer el derecho. "Aniquiladores" y "ninguneadores" coinciden en tratar de cerrar el paso a la justicia penal internacional, bien por considerarla perniciosa, bien por creerla inútil, o por ambas motivaciones a la vez.

Frente a unos y a otros, veamos dónde nos encontramos en ese itinerario que debería conducirnos a La Haya, pasando por Nueva York. Un total de 83 Estados han firmado ya el Estatuto: la inmensa mayoría de los países europeos y occidentales (incluyendo a todos los miembros de la UE), y además un número considerable de países africanos y americanos, así como algunos asiáticos. La ratificación, lógicamente, va más lenta, porque han de pronunciarse los parlamentos y en muchos casos se requiere la adopción de reformas legislativas o incluso constitucionales. Aun así, se han producido ya tres ratificaciones y este mes se espera la primera de un país de la UE: Italia. Otro importante país europeo, Francia, miembro permanente del Consejo de Seguridad, ha mostrado su compromiso con el proyecto aprobando una reforma constitucional para permitirle proceder a la ratificación del Estatuto, previsiblemente antes de fin de año. En el caso de España, tanto el Gobierno como las Cortes, por unanimidad de los grupos parlamentarios, han expresado repetidamente su voluntad de asumir el Estatuto y de trabajar activamente en pro de la puesta en marcha de la CPI.

Mientras tanto, el proceso iniciado en Roma sigue su curso en Nueva York. Allí se reúne la Comisión Preparatoria de la CPI, que debe proceder al desarrollo normativo del Estatuto y acordar los arreglos prácticos que permitan el efectivo funcionamiento de la Corte tan pronto como entre en vigor el Estatuto. Ya se están elaborando los Elementos de los Crímenes y las Reglas de Procedimiento y Prueba que habrá de aplicar la CPI. Países como EE UU, Australia, Francia, Suiza y España han presentado propuestas concretas en esos trabajos, en los que participan más de un centenar de delegaciones de todo el mundo. Es interesante resaltar que EE UU, aunque votó contra el Estatuto en Roma, dio su apoyo a la resolución de la Asamblea General de la ONU por la que se saludaba el "logro histórico" que constituía la aprobación del Estatuto y además, sin abandonar su posición reservada, está participando de manera activa y constructiva en las reuniones de la Comisión Preparatoria.

Como ya ocurrió con la campaña mundial por la proscripción de las minas antipersonales, las ONG están asumiendo un papel exigente en el empeño de desarrollar la justicia penal internacional. Sin ese acicate, es probable que el Estatuto de Roma no hubiera visto la luz o que su contenido hubiera sido menos avanzado. Ahora están haciendo lo propio en la tarea de lograr la pronta entrada en vigor del Estatuto y el arranque efectivo de la Corte. A escala mundial, más de 800 ONG participan en la Coalición por la Corte Penal Internacional, que hace dos meses lanzó desde La Haya un llamamiento a todos los países para que suscriban el Estatuto y apoyen activamente a la CPI. Las instituciones parlamentarias internacionales no van a la zaga: llamamientos similares han sido formulados por la Unión Interparlamentaria y, en nuestro continente, por el Parlamento Europeo y la Asamblea del Consejo de Europa. Mucho camino queda todavía por delante, dentro de cada país y en el ámbito de la ONU, para hacer de la CPI una realidad, pero el proceso está en marcha y avanza a buen ritmo. Lo esencial es que la emergente sociedad civil internacional, expresándose mediante ONG, medios de comunicación y parlamentos democráticos, mantenga su incitación sobre los Gobiernos y los organismos internacionales para que el impulso no se pierda. Y que, en el plano de los Estados, otros cojan la antorcha del liderazgo que en esta ocasión EE UU no ha querido o sabido asumir. Es un reto para la UE y para su flamante Sr. PESC. ¿Qué mejor proyecto a escala mundial que liderar el establecimiento, a comienzos del siglo XXI, de una auténtica justicia penal internacional para los crímenes contra la humanidad?