Un año después de Roma

Hace ahora un año, el 17 de julio de 1998, se abría a la firma en Roma el laboriosamente negociado Estatuto de la Corte Penal Internacional (CPI), que, cuando entre en vigor, supondrá un cambio en profundidad en el derecho internacional humanitario. De momento sólo lo han ratificado cuatro países, significativamente de tres continentes diferentes: Senegal, Trinidad y Tobago y San Marino, mientras que Italia se ha convertido en el primero de la Unión Europea en completar, por unanimidad, el procedimiento parlamentario de ratificación. Francia, por su parte, y por abrumadora mayoría de sus diputados y senadores reunidos en sesión conjunta, ha aprobado ya la necesaria reforma de la Constitución para poder proceder a la ratificación del Estatuto, y que de hecho supone la constitucionalización del mismo. Pues para Francia este texto planteaba problemas de índole constitucional respecto a la inviolabilidad del jefe del Estado, a la inmunidad de sus ministros y parlamentarios y a cuestiones relativas a la posible actuación del fiscal en territorio francés. Problemas no idénticos, pero sí similares, pueden plantearse para la ratificación del Estatuto por España, respecto a la cual el Consejo de Estado está elaborando el preceptivo dictamen. Mientras, se ha creado en España una Plataforma de ONG que ha pedido la pronta ratificación de este texto. El año desde la firma, justamente el del 50º aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y del Convenio Internacional para la Prevención del Genocidio, no ha pasado en balde, aunque para que entre en vigor el Estatuto de la CPI, 60 Estados tendrán que haber ratificado este texto aprobado en Roma por 120 votos a favor (todos los países de la UE, y en general, de toda Europa, incluida Rusia, muchos africanos, latinoamericanos y asiáticos), 20 abstenciones y siete en contra, entre los que se cuentan Estados Unidos y China -miembros permanentes, con derecho a veto, del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas-, Israel, India o Sri Lanka.

En principio, sin carácter retroactivo, la CPI podría echar a andar antes de lo inicialmente previsto, pues si un Tratado con condiciones de ratificación similares como la Convención del Derecho del Mar tardó 12 años, el de la Prohibición de Armas Químicas tan sólo tomó dos. No obstante, es previsible que pasen cinco o diez años más antes de que puedan empezar los primeros juicios por los cuatro tipos de crímenes contemplados: de guerra, genocidio, lesa humanidad o actos de agresión. Incluye la novedad de los crímenes de guerra cometidos durante conflictos armados no internacionales, que son la mayoría, y figuras entre los crímenes de guerra como la violación o la esclavitud sexual. A este Tribunal, cuya sede se establecerá en La Haya, podrán acudir: cualquier Estado parte contra una persona de otro Estado parte; el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con carácter universal, o el fiscal de Tribunal siempre que ratifique su demanda la futura Sala de Cuestiones Preliminares.

Actualmente se están negociando, con el objetivo de intentar completarlos de aquí a junio del 2000, dos documentos de desarrollo del Estatuto, que resultarán esenciales. Por una parte, las reglas de procedimientos y pruebas, que equivalen a un reglamento y que toman como precedentes los textos ya existentes de los tribunales internacionales penales ad hoc para Ruanda y la antigua Yugoslavia. Por otro, los llamados Elementos de los Crímenes, un análisis de cada uno de los tipos de delitos y de las 66 figuras delictivas que conllevan, en sus dos terceras partes referidas a los crímenes de guerra, lo que explica que estén íntimamente involucrados los servicios jurídicos de los ministerios de Defensa de los países concernidos. De hecho, estos Elementos han sido una idea de EE UU, que, a pesar de no haber firmado el Estatuto, colabora en estos trabajos, lo cual es importante, aunque a nadie se le esconde que sea también una manera de controlarlos e incluso de frenarlos. Dentro de la Admnistración de Washington, ha sido el Pentágono el más reacio a la creación de una CPI para no pillarse las manos