Manía persecutoria
EL GOBIERNO vasco parece empeñado en confundir las reglas de la competencia con la soberanía fiscal. El anuncio de que la Comisión Europea ha abierto expedientes de infracción contra seis normas fiscales del País Vasco y una de Navarra ha provocado una alarma política sobre la autonomía fiscal vasca que revela más un juego de victimismo organizado que una preocupación real por la vigencia del Concierto Económico. Las reacciones son excesivas y están mal orientadas: la Comisión no cuestiona la soberanía fiscal vasca ni puede hacerlo, pero está obligada a velar por que se cumpla la normativa comunitaria.Lo que Bruselas no puede aceptar, en el País Vasco o en cualquier otro territorio europeo, es que las subvenciones implícitas en los incentivos fiscales para estimular la localización de empresas superen los límites establecidos en la UE para garantizar la competencia. Y varias de las ventajas fiscales de las diputaciones forales vascas los han superado. Tampoco puede pasar por alto que se apliquen normas fiscales específicas para favorecer a determinadas empresas, y sólo a ellas, porque el resto resultan discriminadas.
El Concierto vasco debe ser defendido políticamente como lo que es, un instrumento de rango constitucional que garantiza la capacidad del Gobierno autónomo para elaborar sus propias leyes fiscales en armonía con el resto de España. Pero no es una patente de corso para dictar leyes que puedan violar las normas que rigen en el espacio económico europeo. En lugar de atizar el alarmismo y convocar actos de reafirmación de un Concierto que nadie cuestiona, el Ejecutivo vasco debe adecuar su política fiscal a los márgenes acordados por los Quince. Lo que menos necesita el Concierto es alarma, alboroto y trincheras defensivas; lo que requiere urgentemente es una puesta al día que lo armonice con las reglas europeas de competencia en un mercado único. Igual que Madrid debe someter a Bruselas las ayudas al sector eléctrico, las diputaciones vascas tendrán que ajustar sus beneficios fiscales a las directivas de la UE.
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