EEUU pide para Toyota una multa de 9,5 billones de pesetas por contaminación

El Gobierno de Estados Unidos ha llevado a la empresa japonesa de automóviles Toyota a los tribunales y solicita que se le imponga una multa de 58.500 millones de dólares (cerca de 9,5 billones de pesetas) por agresión contra el medio ambiente. La acusación dice que entre 1996 y 1998, Toyota fabricó 2,2 millones de vehículos en los que no funciona bien el control anti-contaminación de los vapores procedentes de la gasolina almacenada en el depósito. Toyota dice que cumple con los requisitos legales, desafía a Washington y se niega a aceptar un acuerdo extrajudicial.

El Gobierno federal de Estados Unidos, que actúa en nombre de la Agencia de Protección del Medio Ambiente (EPA), se acoge en su demanda a la Ley de Limpieza del Aire, como ha hecho en anteriores ocasiones. Los modelos afectados son Corolla, Camry, Paseo, Avalon, Tercel y Lexus. La empresa Toyota se ha negado a aceptar una oferta de resolución de la demanda que le hubiera evitado ir a juicio a cambio de 100 millones de dólares (más de 16.000 millones de pesetas). Para Carol Browner, directora de la EPA, la denuncia ante los tribunales "demuestra el compromiso del Gobierno para garantizar que las empresas no saquen beneficios de la contaminación, y para asegurar que la salud pública se protege". Los responsables de Medio Ambiente sostienen que los conductores no pueden saber cuándo sus automóviles emiten niveles no permitidos de contaminación si no cuentan con luces y señales de aviso en el cuadro de mandos.

Toyota asegura que sus vehículos cumplen con todas las exigencias previstas en la Ley de Limpieza del Aire, e insiste en que su negativa a aceptar una cantidad en concepto de multa para resolver el conflicto es una cuestión de principios.

Es la primera ocasión en la que un fabricante de automóviles se niega a resolver amistosamente con las autoridades una disputa causada por contaminación. En el último año, el Gobierno estadounidense ha conseguido dos victorias importantes en este campo: en octubre, siete empresas fabricantes de motores de gasóleo acusadas por la EPA de producir millones de toneladas de partículas contaminantes aceptaron el pago de 1.000 millones de dólares (163.000 millones de pesetas), la suma mayor hasta ahora en las indemnizaciones relacionadas con el medio ambiente.

En junio de 1998, la japonesa Honda acordó pagar 267 millones de dólares (43.500 millones de pesetas) ante la denuncia de la EPA de que había vendido coches equipados con sistemas de control de contaminación defectuosos.

Pruebas de laboratorio

La Administración defiende, en todos estos casos, que las empresas cumplen los niveles exigidos en cuanto a emisiones y control de la gasolina que no pasa por los sistemas de combustión, pero en las pruebas de laboratorio, no en la circulación posterior de los motores. La contaminación puede proceder de los escapes de gases a través del tapón, del depósito o de los conductos que llevan el combustible hasta el motor. Las pérdidas se controlan mediante un sistema que mide la presión de los vapores de la gasolina en el conjunto del sistema. Cuando hay una caída de presión con el motor en marcha, debería encenderse una luz de aviso en el tablero de mandos.

Toyota, que tiene un buen historial de respeto al medio ambiente, contraataca y dice que la ley exige los controles precisamente en pruebas de laboratorio. "Nos decepciona no haber podido resolver el problema de manera amistosa, porque nuestros coches tienen el mejor rendimiento de toda la industria en cuanto a control de emisiones contaminantes", aseguró uno de los vicepresidentes de la compañía, Jim Olson.

El problema -planteado como un pulso político entre un coloso de la industria y el Gobierno de Washington- comenzó en California, en 1991, en una disputa con el organismo de medio ambiente del Estado, que ese año impuso la obligación de implantar en los vehículos sistemas de control de emisiones de vapor de gasolina. En 1995, la empresa presentó sus sistema y llegó a un acuerdo con el Estado de California.

Negociaciones rotas

Pero dos años después, la agencia californiana de medio ambiente realizó pruebas de control de contaminación en varios coches Toyota y concluyó que no alcanzaban las obligaciones exigidas. Se pidió a Toyota que rectificara los sistemas, y la empresa se negó, argumentando que California había elevado los niveles de exigencia con respecto a lo acordado en 1995. Se intentó llegar a un arreglo, pero Toyota se negó a aceptar ninguna culpabilidad. El 11 de diciembre se rompieron las negociaciones y la EPA asumió la posición de California. En los últimos meses se intentó de nuevo una solución que no pasara por los tribunales, pero se saldó con un fracaso. Ahora, la empresa quiere ir a por todas en los tribunales. "Tenemos razón", dijo escuetamente Joe Tetherow, portavoz de la compañía. Tetherow reiteró que ninguno de los vehículos de Toyota plantea riesgos para el medio ambiente y que, en el hipotético caso de que fallaran las señales de aviso sobre las emisiones, la cantidad de vapor de gasolina liberado sería equivalente a la contaminación ambiental producida tras haber dado una capa de pintura a dos casas de tamaño mediano.

Según la Ley de Limpieza del Aire, en caso de que los tribunales dieran la razón a la Agencia de Medio Ambiente, Toyota debería pagar entre 25.000 y 27.500 dólares (de 4 a 4,5 millones de pesetas) por cada uno de los 2,2 millones de automóviles fabricados entre 1996 y 1998 que supuestamente no cumplen con lo estipulado. Dado el planteamiento del conflicto, se anticipan recursos, nuevas demandas y una larga pelea en las salas de la Justicia.