Doble investigación

EL ESCÁNDALO del fraude en el cobro de subvenciones comunitarias para la producción del lino en España ha suscitado dos procesos de investigación de naturaleza diferente. La Fiscalía Anticorrupción ha recibido el encargo de la Oficina de Lucha Antifraude de la Unión Europea para que determine si se han cometido delitos y, en caso afirmativo, interponga las acciones penales oportunas. La gravedad de los hechos es incontestable. Dos altos cargos del Ministerio de Agricultura durante la etapa de Loyola de Palacio dimitieron tras conocerse que ellos o sus familias habían percibido este tipo de ayudas. La UE ha decidido intervenir por la relevancia económica de unas subvenciones sobre las que recaen serias sospechas de irregularidad o fraude y por la presencia de funcionarios públicos entre los beneficiarios.El Congreso ha iniciado al mismo tiempo una investigación política del caso, por exigencia de la oposición. Pero no puede decirse que la comisión investigadora haya empezado con buen pie. Por decisión del PP, CiU y Coalición Canaria, las 36 comparecencias acordadas para informar sobre los hechos se comprimirán en un plazo de nueve días. Un periodo ridículamente breve si de verdad se pretende investigar sobre un asunto que encierra complejidades técnicas y dificultades indagatorias evidentes. Es verdad que las sesiones pueden continuar en septiembre, pero los antecedentes de otras iniciativas parlamentarias y la insistencia del PP en zanjar el grueso de la investigación antes de agosto inducen a temer lo peor.

El fraude del lino, con las redes de cazaprimas operando para captar subvenciones comunitarias a cambio de producciones fantasma, con el incendio de cuatro plantas transformadoras (dos de ellas vinculadas a dos altos cargos del PP) y con la evidencia de que funcionarios de Agricultura percibían ayudas públicas para sus negocios privados ha tenido gran relevancia en Europa. Sería bueno que el PP y sus socios parlamentarios resistieran la tentación de cerrar en falso la comisión investigadora y concedieran la oportunidad de llegar al fondo de la cuestión. Porque en el caso del lino, a diferencia de la subcomisión parlamentaria que investigó las subvenciones concedidas por Josep Piqué, cerrada apresuradamente con unas pintorescas conclusiones laudatorias para el investigado, la opinión pública tendrá como referencia inevitable el resultado de la indagatoria judicial. Un dictamen parlamentario sesgado pondría en cuestión la credibilidad del Parlamento.