La CIA definió a Pinochet como el "líder" que postulaba en Chile ejecuciones sumarias
ENVIADO ESPECIALLos documentos que ha aportado la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el proceso de "desclasificación discrecional" que impulsa Clinton sobre "abuso de derechos humanos" en Chile definen a Augusto Pinochet, tras las primeras semanas de represión sangrienta, como el "líder" de los generales de la línea dura para quienes "los extremistas o activistas marxistas deberían ser sumariamente ejecutados, frente a los de la línea blanda, que creen en la necesidad de someterlos a juicio, sentenciarlos y hacer el intento de reeducarlos".
Miles de cables e informes atestiguan que Estados Unidos siguió minuto a minuto la gestación del golpe militar y que obtuvo informes desde dentro de las fuerzas militares sobre la brutal represión. La Dirección de Operaciones de la CIA presentó 490 documentos, número que todos los analistas y congresistas consideran aquí como una aportación simbólica. Uno de ellos -con fecha del 29 de octubre de 1973, esto es, veintiocho días después del golpe militar del 11 de septiembre de ese mismo año- traza una radiografía de la situación dentro del Ejército chileno, después de examinar, en otros informes, la dureza de la represión y asesinatos.
"Hay dos corrientes en el Ejército en relación a cómo tratar a los extremistas, los de la línea dura creen que los extremistas o activistas marxistas deben ser ejecutados sumariamente, mientras que los de la línea blanda estiman que deberían ser juzgados, sentenciados y que debería hacerse un intento de reeducarles", dice el informe. "Los generales de la línea dura están líderados por Augusto Pinochet, presidente de la junta, y Sergio Arellano, comandante de tropa del Ejército. Los de la línea blanda incluyen al general Oscar Bonilla, ministro del Interior; a Joaquín Lagos, comandante de la Primera División del Ejército, en Antofagasta; Héctor Bravo, comandante de la División del Ejército de Caballería y Washington Carrasco, comandante de la Tercera División del Ejército, en Concepción", añade.
Los agentes de la CIA señalan que aunque el general Carrasco apoyó el golpe militar "se ha negado a ejecutar extremistas. Lagos ha actuado de manera similar. A raíz de esta actitud, el general Arellano se reunió con los dos generales y les advirtió que tomaran seriamente la campaña antisubversiva". El cable dice que el general Sergio Nuno, presidente de la Corporación para el Desarrollo Chileno (Corfo), se define como miembro de la línea blanda. "Nuno sitúa al general Bonilla en la misma categoría e identificó a Pinochet y al jefe de la Fuerza Aérea, Gustavo Leigh, miembros de la junta, como impulsores de la línea dura".
Los agentes añaden: "Nuno ha dicho que no se opondría a la ejecución de personas tales como Altamirano , que está en la lista de los diez políticos más buscados, pero que sí lo haría si se trata de ejecutar sumariamente a obreros y dirigentes sindicales en una fábrica. Nuno puso como ejemplo de estos excesos el caso de 11 trabajadores y un dirigente sindical de una fábrica de explosivos de Antofagasta que fueron ejecutados tras serles encontrados un plano de la fábrica junto con algunos explosivos y documentos que les vinculaban con grupos extremistas". Nuno, según el informe, mantiene que llevó el caso al consejo de ministros como "ejemplo de represión innecesaria". Y añade: "Nuno dijo que mientras su posición fue apoyada por Bonilla, los generales Pinochet y Leigh se pronunciaron a favor de este tipo de acciones duras".
Otros documentos de la citada Dirección de Operaciones de la CIA se refieren a la obsesiva búsqueda, dentro y fuera de Chile del dirigente socialista Carlos Altamirano y de la irritación de Pinochet con el dirigente democratacristiano Bernardo Leighton. Contra el primero se organizó un intento de homicidio en Madrid, en noviembre de 1975; el segundo fue asesinado a tiros en Roma.
Varios materiales hacen referencia a la Operación Cóndor, el acuerdo de coordinación entre Pinochet y las dictaduras de Argentina, Uruguay, Paraguay y Bolivia. Uno de ellos, del 12 de agosto de 1976, advierte que si bien Brasil "ha adherido al acuerdo original de cooperar e intercambiar información sobre el terrorismo y la subversión, no ha acordado todavía participar en las acciones de la Operación Cóndor en Europa. Los miembros de Cóndor que operarán en Europa son Chile, Argentina y Uruguay. Estos países no han suspendido sus planes de actuar en Europa y de impartir un curso en Buenos Aires para aquellos oficiales que operarán en Europa".
La cifra oficial de muertos y desaparecidos en Chile asciende a 4.000 personas. Los informes despachados por la CIA dan cuenta de que en mayo de 1974 había un total de 12.206 "prisioneros de todo tipo", de los cuales 6.143 permanecían detenidos en campos, 2.292 bajo arresto domiciliario, 1.291 detenidos en prisiones y 2.480 arrestados en bases de las Fuerzas Armadas. En los informes aparecen víctimas de diferentes nacionalidades, entre ellas española.
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