El fiscal pide al juez que impute al anestesista que dirigía a Maeso

El fiscal encargado de investigar el brote de hepatitis C localizado en Valencia solicitó ayer, año y medio después de la detección del contagio, la imputación de un segundo anestesista, Rafael Montero Benzo. El jefe de anestesiología del hospital La Fe y superior de Juan Maeso, hasta ahora, el único imputado por la infección, iba ayer a declarar como testigo. El representante de la acusación pública entiende que sus palabras podrían incriminarle.

Montero compatibiliza su actividad en la sanidad pública con un cargo de importancia en un hospital privado. Concretamente, es el jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos de la clínica Casa de Salud de Valencia. Por sus responsabilidades en los centros sanitarios en los que se detectó el brote, porque en ambos era el superior directo de Maeso y por su prestigio en el mundo de la medicina fue llamado a declarar, en calidad de testigo, por el abogado del anestesista imputado, Francisco Davó. Montero no llegó a contestar ninguna de sus preguntas. El fiscal encargado del caso, Javier Carceller, pidió la suspensión de su comparecencia -después de la de Alicia de Miguel, responsable del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad Valenciana- para que acudiera al Juzgado de Instrucción número 5 de Valencia no como testigo, sino en calidad de imputado. Carceller entiende que de las respuestas del médico se podrían desprender indicios de una supuesta responsabilidad en la masiva infección. En consecuencia, y, en principio, como una medida destinada a garantizar el derecho a una buena defensa de Montero, el fiscal solicitó su imputación. El efecto más inmediato de esta decisión sería que el facultativo acudiría a declarar asistido por un abogado y sin obligación de contestar todas las preguntas o incluso de decir la verdad. El juez que investiga el masivo contagio, José Manuel Ortega, decidirá en los próximos días si apoya o desestima la iniciativa de Carceller. Segundo imputado Según fuentes cercanas al caso, Montero abandonó, estupefacato, el juzgado. No es para menos. Aunque la principal motivación del fiscal para solicitar su imputación es una cuestión de procedimiento, a nadie se le escapa que año y medio después de la detección del brote, a los 13 meses del inicio de la investigación y tras la práctica de numerosas pruebas o declaraciones sólo hay un imputado: Juan Maeso. Entonces, ¿Por qué el fiscal solicita la imputación de Montero?. Básicamente, por una cuestión técnica. El jefe de anestesiología de La Fe, como superior directo de Maeso, pudo tener conocimiento de algunas de las supuestas irregularidades cometidas por éste en los quirófanos. En caso positivo, y si así lo confesara durante su declaración como testigo, este episodio podría conllevar la nulidad de meses y meses de investigación. Un testigo no puede abandonar un juzgado en calidad de imputado, tal como prohíbe expresamente la Ley de Enjuiciamiento Criminal. En cualquier caso, algunos abogados personados en la causa formulan otro tipo de preguntas: ¿Por qué no se llamó a declarar con anterioridad a Montero si éste podía haber hecho alguna aportación de interés al caso? Probablemente, porque el devenir de las pesquisas no lo hizo necesario.