Estados Unidos solicita la ayuda de España para acceder al procedimiento sobre Chile

ENVIADO ESPECIALEl Departamento de Justicia de EEUU ha solicitado la cooperación jurídica de España para acceder a la causa sobre genocidio, terrorismo y tortura que instruye el juez Baltasar Garzón contra el ex general Augusto Pinochet y otros militares chilenos. Una delegación estadounidense viajó a Madrid en mayo con el objetivo de conocer el material de la causa relacionado con el asesinato de Orlando Letelier, ex ministro de Defensa del Gobierno de Salvador Allende, en Washington, el 21 de septiembre de 1976.

La delegación estadounidense, según fuentes oficiales consultadas en Washington, fue encabezada por Mark M.Richard, número tres del Departamento de Justicia, cuyo cargo es deputy assistant de la ministra de Justicia, Janet Reno. En la misión viajaron Randy Toledo, responsable del departamento de la cooperación jurídica internacional entre Estados Unidos y la Unión Europea, y dos fiscales. La abogada Randy Toledo se ocupó, en 1997, de coordinar la respuesta de su país a la comisión rogatoria enviada por el juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón, entonces a cargo del caso Chile, a Estados Unidos; el fiscal de distrito John Beasley acompañó al juez español y al fiscal Ignacio Peláez durante su misión en Washington, en enero de 1998.

El objetivo de dicha comisión rogatoria fue el de interrogar a varios testigos relacionados con el asesinato del funcionario español de Naciones Unidas Carmelo Soria, y obtener documentos para la investigación de otros crímenes cometidos durante la dictadura del general Pinochet.

La visita a Madrid dirigida por Richard, según fuentes diplomáticas, tenía como objetivo oficial el anuncio de que Estados Unidos está preparando una propuesta de modificación de los tratados entre EEUU y España en materia de cooperación jurídica y extradición. En especial, dijeron esas fuentes, el Departamento de Justicia norteamericano desea evitar que se vuelvan a repetir en el futuro algunos casos de personas sobre las que se ha solicitado la extradición y que, tras ser concedida, se han dado a la fuga.

Hay dos antecedentes que tuvieron lugar en 1998. El primero fue el del ciudadano de nacionalidad española Fernando Aymat Olasolo, un médico neurólogo residente en el condado de Cuyahoga, Estado de Ohio, que tras ser condenado por el juez Anthony O.Calabresse Jr. el 24 de noviembre de 1992 huyó de Estados Unidos, siendo localizado en España. Solicitada la extradición, ésta fue concedida por la Audiencia Nacional. Sin embargo, la entrega no pudo consumarse. Aymat, que gozaba de libertad provisional bajo fianza de un millón de pesetas, desapareció.

El segundo fue el caso del ciudadano norteamericano Richard Marshall Hirschfeld, quien después de ser condenado en EEUU por los delitos de defraudar a Hacienda, a la Comisión de Valores y Bolsa y presentar a sabiendas una declaración de impuestos falsa, huyó. Fue detenido en España. La extradición fue concedida, pero tras rechazarse un recurso de súplica, el 30 de octubre de 1998, cuando la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional dispuso a ordenar su entrega, Hirschfeld, que estaba en libertad provisional, también se fugó.

La delegación del Departamento de Justicia que viajó a Madrid el pasado mes de mayo tomó contacto con el Ministerio de Justicia español, a quien anunció el deseo de mejorar los tratados de cooperación y extradición. Asimismo visitó al fiscal jefe de la Audiencia Nacional, Eduardo Fungairiño, en su despacho de la madrileña avenida de Génova, y al presidente de la Audiencia Nacional, Clemente Auger.

La delegación celebró una reunión de trabajo con el juez Baltasar Garzón. El caso Chile, según fuentes jurídicas solventes, solo fue tratado con el juez Garzón y se insistió en su carácter confidencial.

Fuentes jurídicas y diplomáticas, consultadas por EL PAÍS en Madrid y en Washington, señalaron que desde la detención del ex general Pinochet en Londres, el 16 de octubre de 1998, el Departamento de Justicia estadounidense analiza los elementos que pudieran aconsejar una reapertura del caso Letelier, el ex ministro de Defensa del Gobierno de Allende asesinado, junto con su colaboradora, Ronni Moffit (de nacionalidad estadounidense), mediante la explosión de una bomba instalada en su coche, en el centro de Washington, el 21 de septiembre de 1976.

Varios juicios sobre este caso tuvieron lugar en Estados Unidos entre 1978 y 1990. Pero los instigadores directos, según la confesión del agente de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINA), la policía secreta chilena, Michael Townley, el entonces coronel Manuel Contreras, director de la DINA, el entonces teniente coronel Pedro Espinoza, su jefe de operaciones, no pudieron ser juzgados. EEUU solicitó a Chile, sin éxito, la extradición de ambos. Finalmente, la presión norteamericana consiguió que ambos fueran juzgados en Chile, donde se les condenó el 30 de mayo de 1995 a seis años de prisión.

Declaración de Contreras

El 23 de diciembre de 1997 tuvo lugar un hecho que tanto la hermana de Orlando Letelier, la abogada Fabiola Letelier, como el abogado que lleva el caso en Washington, Sam Bufone, han invocado para reabrir el caso. El ex director de la DINA, Contreras, pidió ante la Corte Suprema de Chile la revisión de su condena. La defensa de Contreras aportó una declaración de más de 300 folios firmada de puño y letra por Contreras. El ex responsable de la DINA decía, entre otras cosas, que el general Pinochet se había encargado de ascenderle a coronel y de de darle, tanto en el año 1976, año del asesinato de Letelier, como en 1977, las máximas calificaciones en atención a su lealtad y eficacia. Contreras aseguraba también que el jefe real de la DINA era Pinochet y que él actuaba como un mero subordinado. La petición fue desestimada por la Corte Suprema chilena.

La declaración de Contreras se incorporó a primeros de 1998, tras su legalización en Chile, a la causa que entonces instruía en la Audiencia Nacional el juez García-Castellón. La familia Letelier está personada en este procedimiento.

Las autoridades norteamericanas, por su parte, han mostrado interés, según fuentes jurídicas y diplomáticas, en conocer si existe alguna posibilidad de ir más allá de la responsabilidad de Contreras en el atentado terrorista que mató a Letelier en Washington. La delegación encabezada por Richard manifestó su interés por tener acceso al documento de Contreras, según esas fuentes, a través del procedimiento que dirige el juez Garzón.

Fuentes jurídicas consultadas en Madrid y en Washington dijeron a EL PAÍS que el juez Garzón no puso reparos en facilitar, en el marco de una comisión rogatoria, el citado documento.

En octubre, por otra parte, se desclasificó un memorándum del Departamento de Estado en el que se da cuenta del acta de una conversación que tuvo lugar el 8 de junio de 1976, en Santiago de Chile, entre el entonces secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, y el general Pinochet, presidente de Chile. En ella Pinochet le manifestó su preocupación por la actividad de ciertas personas en Washington que tenían mucho prestigio en el Congreso y que hacían campaña contra su regimen. Pinochet mencionó dos veces un mismo nombre: el de Letelier.

Tres meses más tarde, el 21 de septiembre de 1976, Letelier era asesinado en Washington mientras Kissinger todavía seguía siendo secretario de Estado. "Su asesinato fue precedido por un hecho simbólico de gran envergadura. El Gobierno de Pinochet, tras la visita de Kissinger, anuló la nacionalidad a Orlando, cosa que no se hizo oficial hasta el 11 de septiembre de 1976, en coincidencia con un artículo ya célebre de mi hermano en una revista de Nueva York y con su discurso en el Madison Square Garden. Diez días más tarde, le asesinaron en Washington", dijo recientemente a este periódico Fabiola Letelier.