El Senado pide que cada comunidad nombre un Defensor del Menor

La familia, la escuela, la pandilla y la televisión deben tener un papel primordial en prevenir que los menores ejerzan o sufran violencia. Es la conclusión del Informe sobre hechos y comportamientos violentos relacionados con los menores, de la Comisión de Interior del Senado y aprobado el martes en el pleno. Entre las propuestas al Gobierno, el Senado pide crear la figura del Defensor del Menor en todas las comunidades autónomas.

"La idea es que exista una figura que supervise la acción de los organismos y los derechos de los menores de edad", explica la senadora del PSOE Ana Oyarzabal, una de los siete parlamentarios -dos socialistas, dos del PP y uno de CiU, PNV y Grupo Mixto- que durante dos años han investigado los comportamientos violentos relacionados con los menores españoles. Cuarenta especialistas -juristas, policías, psicólogos y profesionales de los medios de comunicación- comparecieron ante la comisión. Tras la elaboración de una ponencia, en la que el Grupo Popular incluyó sus conclusiones, el resto de grupos presentaron sus enmiendas y el texto viene de ser aprobado con varias de las rectificaciones del PSOE.

La figura del Defensor del Menor, que ya existe en Madrid (Javier Urra) y en Andalucía (aún por nombrar) es una de ellas. "Queremos que se generalice en todas las comunidades", dice Oyarzabal. "Pero no que se quede en una mera oficina de reclamaciones, sino que sea un observatorio, con prevención y orientación". En su opinión, esta figura podría ser útil, sobre todo coordinada con otros organismos, como el Defensor del Pueblo.

El Senado también aprobó pedir mayor control del horario de bares y discotecas, para erradicar la venta ilegal de alcohol a los menores, y la creación de un grupo de trabajo sobre la salud mental de la infancia y la adolescencia.

Otras propuestas van dirigidas a la familia: potenciar medidas de custodia de los hijos menores de seis años durante la jornada laboral de los padres; en lo escolar, que se cumpla la tasa de 25 alumnos por profesor o, en su caso, se revise, según el grado de violencia del centro, potenciar planes para coordinar escuelas y servicios municipales en zonas conflictivas. Además, incentivos fiscales a las empresas que contraten a jóvenes que han cumplido condena y priorizar subvenciones a ONG con programas de prevención de la violencia.