Aznar plantea una política de cohesión social en torno al empleo, la sanidad y las pensiones

José María Aznar desgranó ayer el discurso más conciso y genérico de los tres que ha ofrecido en debate del estado de la nación. Duró apenas 48 minutos, y no fue casual. Quiso evitar a toda costa la sensación cansina de debates anteriores, en los que no se cortaba al enumerar los logros de sus ministerios. En su balance final de legislatura, el jefe del Ejecutivo proclamó que es posible alcanzar "la ambiciosa meta del pleno empleo", y anunció que, como primera medida, su Ejecutivo se dispone a crear hasta el año 2002 un total de 1,3 millones de nuevos puestos de trabajo. En esta línea, ofreció a la oposición acuerdos inconcretos sobre empleo, sanidad y pensiones como eje central de una nueva política de cohesión social. También enunció la corresponsabilidad autonómica, el terrorismo y la justicia. Y se negó rotundo a romper la caja única de la Seguridad Social

El primer debate de la nación con Aznar de presidente, los días 11 y 12 de junio de 1997, fue calificado como "extenso y monocorde" porque se alargó 60 minutos. El entonces líder socialista, Felipe González, le replicó durante hora y media. El año pasado la intervención de Aznar se prolongó 75 minutos y fue tildada de "larga y plúmbea". José Borrell, que era candidato a la Presidencia del Gobierno, le respondió en 50 minutos. Aznar tenía preparado para ayer un monólogo inicial de 45 minutos. Esta vez el guión previsto, que el presidente siguió hasta en las comas, se le escapó por muy poco. El jefe del Ejecutivo acudió al mediodía al Congreso con la idea de poner en práctica de verdad el primer debate general de política del país. El tono de su disertación fue comedido porque, según fuentes del Ejecutivo, se reservaba el sarcasmo o la ironía para las réplicas de la tarde, especialmente las dirigidas al secretario general del PSOE, Joaquín Almunia.

En su primera alocución Aznar destacó la estabilidad vivida estos años por su Gobierno gracias a los apoyos parlamentarios de sus socios nacionalistas. Y a continuación esbozó algunas de las "reformas modernizadoras" emprendidas por el Ejecutivo del PP para garantizar el bienestar de la sociedad. En ese contexto incluyó que "España ha asumido la responsabilidad que le corresponde como país europeo y occidental en el conflicto de Kosovo"; que con "el nacimiento del euro hemos sido protagonistas de uno de los pasos más decisivos en la construcción de la Unión Europea"; la Agenda 2000; la supresión del servicio militar obligatorio; la consolidación del sistema de sanidad pública, "que a partir de este año se incluye íntegramente en los Presupuestos Generales del Estado; y, sobre todo, la creación de empleo.

Aznar presumió ayer mucho de los puestos de trabajo generados: 1,2 millones en lo que va de legislatura; medio millón en el último año. Y se atribuyó haber superado, por primera vez, los 14 millones de afiliados a la Seguridad Social. Luego añadió que el empleo, la sanidad y las pensiones deben constituir los ejes de una nueva política de cohesión social consensuada con todo el arco parlamentario. Dijo incluso que el pleno empleo es un objetivo posible, "un objetivo que podemos alcanzar", y anticipó que, por lo pronto, el Gobierno del PP, caso de que renueve mandato, creará 1,3 millones de nuevos puestos de trabajo, si bien modernizando el mercado laboral.

Fue el principal mensaje que quiso dejar al Congreso en este debate de política general, quizás el último de la actual legislatura. Aunque no tardó en adentrarse por uno de los asuntos que más quería resaltar. El presidente considera especialmente relevante que España ya no padezca el azote del terrorismo como hace un año, justo cuando se cumple el primer aniversario del último asesinato de ETA, el del edil Manuel Zamarreño. "Hoy, a diferencia de otras veces, no tenemos que empezar el debate del estado de la nación condenando asesinatos terroristas recientes. Debemos felicitarnos, porque ha sido la enérgica afirmación del Estado de Derecho y de los valores democráticos, por parte de todos, lo que lo ha hecho posible". Aunque también se reservó cierta cautela: "ETA no ha renunciado definitivamente al uso de la violencia ni se ha disuelto".

Fue entonces cuando Aznar recordó sus conocidas tesis de que esa renuncia a la violencia terrorista es un triunfo de la sociedad en general, del Estado de Derecho, del tesón de los ciudadanos, del espíritu de Ermua, del imperio de la ley. Aznar recalcó: "Los terroristas no habían calculado que a los vascos, y al conjunto de los españoles, no les podía someter con la brutalidad de la fuerza". El presidente del Gobierno cree, eso sí, que ahora hay motivos para la esperanza de una paz verdadera. Relató cómo había autorizado los contactos de sus interlocutores con los de ETA y reiteró que los criterios del Gobierno en esas conversaciones no han variado un ápice del punto décimo del Pacto de Ajuria Enea: final dialogado y sin condiciones políticas.

Aznar rebatió las críticas de inmovilismo que le hace el PNV al Gobierno central por su actitud en el proceso de paz. Rememoró las iniciativas emprendidas hasta ahora: facilitar el regreso de quienes se encuentren en el extranjero sin causas pendientes; su voluntad de continuar una política penitenciaria "dinámica, flexible y consensuada, acorde, en todo caso, con el final de la violencia" y conforme a lo aprobado en el Congreso.

En este paquete de medidas reparadoras de la paz en Euskadi Aznar integró la solidaridad y el reconocimiento a las víctimas del terrorismo y sus familiares. El presidente del Gobierno y del PP se mostró seguro de que el proyecto de ley superará las diferencias surgidas entre los partidos y encontra-

rá su tramitación en este periodo de sesiones ya en extinción. Aznar recogió en ese tramo de su discurso el simbolismo del Estatuto de Gernika para lanzar un llamamiento a la colaboración institucional y al reencuentro constitucional: "La pretensión de desbordar el marco estatutario, con acuerdos irreconciliables con la democracia constitucional y parlamentaria que nos dimos en 1977, es una aventura irresponsable que sólo puede generar graves daños a la sociedad vasca".

El presidente aprovechó para aludir al polémico escenario de pactos poselectorales que se vive en Euskadi: "No podemos frustrar las esperanzas de los ciudadanos vascos, que acaban de expresarse en las urnas. Todas las fuerzas políticas tenemos que encontrar fórmulas y acuerdos que respondan con la mayor fidelidad a la voluntad de los electores en cada uno de los territorios históricos y en cada una de las ciudades y pueblos. Serviremos mejor a la sociedad vasca respetando su pluralismo".

Finalizado el apartado más específico del País Vasco, Aznar retornó a la ambigüedad de la política general. Compendió el consenso constitucional y estaturario, ahora en su 20 aniversario en Euskadi y Cataluña, para adentrarse en otro de los grandes ejes de su discurso: la corresponsabilidad autonómica. El presidente, que sólo fue interrumpido seis veces con aplausos comedidos de los diputados de su grupo parlamentario, ensalzó en ese momento que la "transformación verificada en estas dos décadas es mucho más profunda de lo que nadie pudo suponer". Aznar sostiene que ese hito, el del desarrollo autonómico de España, es un acierto que no debería estar en permanente discusión.

No más reivindicaciones

Aznar defiende que "ha terminado el tiempo de la reivindicación competencial". Que es posible el ejercicio pleno de la responsabilidad de gobierno. Que ahora las autonomías deberían volcarse en mejorar los servicios que prestan a los ciudadanos. Que deben cooperar más y gastar con más eficacia. Y que tendrían que descentralizar algunas de sus atribuciones en los ayuntamientos.

Aventuró que no ve viable que en el futuro sistema de financiación autonómica se puedan imponer sacrificios asimétricos en las distintas Administraciones. Y no lo aceptará porque quiere implicar a las autonomías en el plan de estabilidad y crecimiento que obliga a todos a alcanzar el superávit presupuestario en el 2002. Objetivo para el que invitó de nuevo a sus socios nacionalistas a pactar los Presupuestos del próximo ejercicio. A cambio se permitió ofrecer un ambicioso plan de inversiones para los próximos siete años por importe de 16 billones de pesetas.

Dicho esto, rescató la oferta "al primer partido de la oposición" de un pacto para arreglar los desaguisados de la justicia y reiteró su oferta de acuerdos genéricos que incluyan el Pacto de Toledo sobre las pensiones, el empleo y la sanidad. Pero advirtió, principalmente a sus socios nacionalistas vascos y catalanes,que el Gobierno del PP no está dispuesto a permitir que se rompa la caja única de la Seguridad Social.