El lino, a comisión

La comisión de investigación sobre las ayudas europeas al cultivo del lino, formalmente constituida el jueves en el Congreso, es quizás la única, o en todo caso de las pocas, que no tendrá que simultanear sus tareas con una investigación paralela de carácter judicial. No existe el riesgo de interferencias, como ha sido el caso de la mayoría de las comisiones de investigación, con unas diligencias judiciales que, en todo o en parte, versaban sobre el mismo asunto y que, básicamente, se sustentaban en los mismos testigos y declarantes que los de la comisión parlamentaria. En cambio, esta comisión corre el riesgo, en mayor medida que ninguna otra en el pasado, de errar su objetivo si intenta el disparo por elevación. Y eso puede ocurrir si, puesta a desentrañar el misterio del lino, se enreda en una investigación universal de la política de subvenciones agrarias de la Comunidad Europea, de la que quizás podrían sacarse conclusiones rimbombantes, pero, seguramente, ninguna idea clara sobre si se han producido comportamientos políticos reprobables o irregularidades fraudulentas en las ayudas europeas al cultivo de esta planta. Lo primero, pues, que tendrán que hacer los miembros de la comisión en su reunión inicial, mañana, martes, es acotar bien el objeto de su tarea, además de confeccionar la lista de los comparecientes.

Por todo lo conocido hasta ahora, en el caso del lino existen, al menos, dos aspectos concretos que deben ser aclarados. De un lado, si determinados cargos del Ministerio de Agricultura, agricultores a tiempo parcial, han utilizado su influencia para obtener subvenciones millonarias a favor de sus cultivos particulares de lino y si ha existido o no una trama de cazasubvenciones dedicada a captar el dinero público de la CE a cambio de facilitar contratos ficticios de transformación. Habrá que clarificar el auténtico misterio que representa, al menos a ojos de profanos, que las 100.000 toneladas de lino producidas al año, al coste de 10.000 millones de pesetas en subvenciones, se evaporen sin llegar al sector textil, que cada año necesita unas 15.000 toneladas de esta fibra. De otro, deberán despejarse las dudas sobre si es Agricultura o las comunidades autonómas quien tiene en última instancia la responsabilidad del control de los cultivos y de la adjudicación de las ayudas públicas.

Los dos asuntos son importantes para delimitar responsabilidades y establecer conclusiones. Pero salta a la vista la dimensión política del primero. Loyola de Palacio llegó a admitir que se podría "discutir sobre las estética" de simultanear el desempeño de cargos en Agricultura con la percepción de subvenciones agrícolas. Pero a la comisión no le toca discutir de estética, sino, en todo caso, de la conveniencia de convertir en exigencia legal un imperativo ético elemental en una democracia: que ningún cargo público debe utilizarlo en provecho propio ni compartir su ejercicio con actividades privadas relacionadas con el mismo. Quizás una de las conclusiones de la comisión deba ser la de concretar más desde el punto de vista legal una incompatibilidad que, genéricamente al menos, se encuentra en todos y en cada uno de los puntos de la normativa vigente sobre incompatibilidades de altos cargos. Si a algunos les resbala la ética, tendrá que ser la ley la que les marque de forma inequívoca el camino correcto a seguir en el ejercicio del cargo.