"La fiscalidad vasca no ha dañado la economía del Estado o a empresas de otras comunidades"

Los incentivos fiscales a la empresas arbitrados por las Haciendas vascas siguen bajo el punto de mira de los tribunales y de la Comisión Europea. Jon Zabalia (Bilbao, 1942), portavoz para asuntos económicos del PNV en el Congreso, sostiene la necesidad de un pacto de Estado para evitar la judicialización del Concierto Económico. No obstante, considera que en él las Haciendas forales no deberían obligarse a nada, porque sus normas fiscales, afirma, no causan perjuicios a la racaudación tributaria del Estado ni a las empresas de otras autonomías. Pregunta. Ante las últimas resoluciones judiciales y de la Comisión Europea sobre los incentivos fiscales, tanto el lehendakari como usted han abogado por un pacto de Estado para preservar el Concierto. ¿En qué consistiría? Respuesta. En estos momentos el Gobierno central se está dando cuenta que, ante los movimientos europeos sobre la armonización fiscal, no conviene abrir frentes donde se ponga en cuestión sistemas fiscales internos, como los de las Diputaciones forales y Navarra. Lo que empezó como una inercia de la Administración central y de otras comunidades de recurrir cualquier norma fiscal foral que se aparte de la estatal, no sólo no es práctico (cuando hay sentencia, la norma ha decaído y, además, los tribunales nos han dado casi siempre la razón) sino que crea al propio Gobierno una situación desagradable ante la UE. Esto me hace pensar que hay que reconsiderar esta situación. Además, en el acuerdo de investidura [del PNV con Aznar] una de las claúsulas era que se iba a revisar todos los recursos pendientes. Empezó a hacerse, pero se ha paralizado. Esta actitud tiene que ir cambiando, porque la armonización fiscal en la UE no se va a producir a corto plazo. Al final, lo que quizá se va a perseguir más desde Bruselas son actuaciones de los gobiernos en el ámbito de la competencia. P. ¿Han planteado ese posible pacto al vicepresidente Rato? R. Lo hemos comentado con Rato, con Costa y la gente de Economía y Hacienda. Todavía no hemos tenido reuniones formales, pero en las conversaciones habituales con miembros del Gobierno hemos comentado estas cosas. La impresión que tengo de ellas es que no se ve demasiado sentido a este tipo de recursos, que pueden llegar a la curiosa conclusión de que los abogados del Estado que ponen aquí los recursos ante el Contencioso sean que nos acompañan a defender las normas forales ante el Tribunal Europeo de Luxemburgo. P. Y en ese acuerdo, ¿a qué se obligarían las instituciones vascas? ¿a una autocontención a la hora de ajercer sus competencias? R. Más que de pacto, hablaría de que cada uno tuviéramos muy claro cuál es el ámbito soberano del sistema fiscal. El pacto está ya recogido en los cinco puntos de armonización que establecimos en la última revisión del Concierto. Lo que pasa es que tengo el convencimiento de que todo esto responde más a posturas políticas que a la defensa de unos intereses recaudatorios o empresariales concretos. Si yo recurro algo es porque considero que me está perjudicando. Pero, por mucho que se diga, las normas fiscales vascas no han llegado a perjudicar a la economía del Estado o las empresas de otros territorios. De hecho, si el Estado no hace lo mismo que nosotros es porque su margen de maniobra presupuestaria no se lo permite, no porque considere que sean medidas malas; de hecho, cuando ha podido, ha reducido la fiscalidad empresarial en el mismo sentido que nosotros. Por nuestra parte, independientemente de que se recurra o no, vamos a seguir desarrollando nuestra capacidad fiscal. Ya veremos lo que dicen los tribunales europeos. P. Pero, reconocida una compentencia, se puede ejercer de forma amplia o más contenida. ¿Porqué dar un crédito fiscal del 45% de la inversión y no del 20%? R. En Bruselas no se va a poner en cuestión el sistema, sí quizá la concesión de ayudas a empresas. Hay un movimiento que no está muy claro. Ahí está [el comisario Mario] Monti intentando hacer un código de buena conducta fiscal, pero es tan dífícil... Lo que está ocurriendo aquí sucede en todos los países. Lo que pasa es que no hemos tenido capacidad de defender o presionar directamente en Bruselas. P. ¿Pero de qué valdría que Gobierno no recurriera las normas forales si la Comisión Europea anula su aplicación por ir contra la competencia? ¿Hasta qué punto se puede dar lo que tú quieras para atraer inversiones? Ahí está el caso Daewoo. R. Bueno, tampoco es dar lo que quieras. En otros niveles tambien se dan ayudas, y aquí mismo tenemos el caso del Ayuntamiento de La Carolina, que nosotros descubrimos hace casi un año. P. Pero no hay muchos casos de que a una empresa se le conceda recuperar vía impuestos el 45% de lo invertido, más una importante reducción del impuesto de sociedades, más una ayuda directa del 25% de la inversión, más terrenos en condiciones favorables, como descubrió la CE con Daewoo. R. Es que estos casos son excepcionales. Una situación tan grave como hemos vivido, en la que hay una necesidad imperiosa de inversiones, con una reconversión y unas tasas de paro impresionantes, porque además teníamos el problema de la violencia, requería ayudas de todo tipo para traer una industria con capacidad tractora. Además, hay limitaciones para todos. Al final, las Diputaciones tienen que ingresar, y el margen tributario no es ilimitado. ¿Quién no daría todo tipo de ayudas a una multinacional del automóvil que viniera, sabiendo todo lo que genera alrededor? En momentos determinados podemos atraer inversiones dando unas condiciones excepcionales porque estamos en una situación también especial, pero tampoco se pueden generalizar a todas las empresas. Pedimos que Bruselas trate de la misma forma a todos los países que dan ayudas, y lo que vemos es que eso no ocurre, que nos toman como una especie chivo expiatorio porque no tenemos la capacidad de poder defendernos y presionar en Bruselas. P. Pero, al margen de la capacidada y la necesidad, ¿no habría que hacer un análisis del efecto real que ha tenido esa batería de incentivos fiscales? Después de tanto ruido, sólo se ha conseguido atraer una empresa, que ha invertido 11.000 millones para hacer frigoríficos. R. Hay dos posibles análisis sobre esto. Uno es que, pese a dar todas esas ayudas, tampoco los proyectos empresariales vienen como las moscas a la miel. Las ayudas fiscales es un factor más a la hora de invertir en un determinado lugar, y hay otros que están muy por encima. Esto explica que no hayamos conseguido traer a una gran empresa del automóvil, como siempre se ha querido. ¿Y cómo se puede medir el efecto? Es difícil hacerlo en términos de PIB, pero sí ha tenido un efecto que para nosotros era muy importante: demostrar que una empresa de fuera puede instalarse aquí a pesar de la situación en que estábamos, rompiendo con la imagen que teníamos en el exterior y que actuaba como freno para otras posibles inversiones. Y esto se ha conseguido con Daewoo. P. Pero, desde el punto de vista práctico, ¿no cree que el efecto real de esta sucesión de ayudas ha sido subvencionar inversiones que las empresas vascas iban a realizar en cualquier caso? R. Tener esa soberanía nos permite adaptar la fiscalidad a las necesidades de la economía y las empresas vascas. La fiscalidad no tiene que estar enfocada sólo a atraer inversiones, sino al propio sistema productivo; y no sólo a las empresas en crisis, sino a las que van bien y tienen beneficios. El País Vasco tiene una configuración productiva diferenciada y, como tenemos capacidad de adaptar el sistema tributario a nuestra economía, es lo que hacemos.