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Un juez chileno procesa a cinco jefes militares en la mayor causa abierta contra la dictadura

El juez chileno Juan Guzmán Tapia dio ayer uno de los mayores golpes de efecto en la causa de los derechos humanos, de consecuencias imprevisibles en el proceso de extradición del general Augusto Pinochet, al ordenar la detención y procesamiento de cinco militares retirados -dos generales, dos coroneles y un capitán del Ejército- por el delito de secuestro calificado (con agravantes), cometido en la llamada caravana de la muerte, uno de los operativos represivos de mayor magnitud tras el golpe militar que encabezó el general Augusto Pinochet.

Los procesados son el general Sergio Arellano Stark, el brigadier general Pedro Espinoza Bravo, actualmente encarcelado por el asesinato de Orlando Letelier, el coronel Sergio Arredondo, el coronel Marcelo Morén Brito y el capitán Patricio Díaz Araneda. El juez estima que hay presunciones fundadas de su participación en calidad de autores en un crimen que ha sido acreditado. El delito de secuestro no está cubierto por el decreto-ley de amnistía aprobado por el exdictador chileno en abril de 1978.Juan Guzmán es el juez que instruye la veintena de querellas presentadas en Chile contra Pinochet y la de ayer es la primera decisión en firme desde que admitió a trámite la primera querella. En los últimos tiempos es objeto de intensas presiones no sólo del estamento militar sino también del poder judicial. Ayer estaba en paradero desconocido. Su decisión es consecuencia de la querella criminal contra Pinochet, Arellano y seis altos oficiales presentada el pasado 24 de mayo por Carmen Hertz y Germán Berger, viuda e hijo de Carlos Berger, asesinado en la caravana de la muerte, y es, asimismo, fruto de un largo y paciente trabajo de investigación durante el que el magistrado ha tomado declaración a decenas de testigos, acusados y familiares de las víctimas.

Los querellantes pidieron posteriormente el procesamiento de los acusados por los delitos de genocidio, secuestro, secuestro con resultado de muerte e inhumación ilegal. En dicha petición quedaba al margen el general Pinochet, ya que la acusación no desea interferir el proceso de extradición a España.

Los abogados de las víctimas recuerdan que la doctrina Aylwin -primer presidente tras el restablecimiento de la democracia- interpreta el decreto-ley de amnistía en el sentido de que no impide que los tribunales puedan, incluso, investigar y procesar, pero no condenar, a los acusados de delitos que ampara el decreto.

Los acusados y la cúpula militar chilena tienen conocimiento desde hace días de la firme voluntad del juez Guzmán por llegar hasta el final en la investigación. El malestar es notable en el estamento castrense. Los mandos no desaprovechan cualquier oportunidad para denunciar la detención de su general Pinochet y las declaraciones suben de tono. Temerosos de ser detenido, el general Arellano, principal imputado en la caravana de la muerte y uno de los cerebros del golpe de 1973, visitó hace poco al jefe del Ejército, general Ricardo Izurieta.

Izurieta declaró recientemente que para que el Ejército reconozca algo en esta materia, tienen que hacer lo propio los políticos que llevaron al país a la crisis de 1973, en una clara alusión al Partido Socialista. En opinión del jefe militar, son los mismos políticos que llevan a las víctimas de los deudos a enfrentarse con el Ejército.

La caravana de la muerte fue uno de las acciones represivas del régimen de Pinochet que revistió mayor brutalidad e impunidad. A bordo de un helicóptero, una siniestra comitiva de altos jefes militares, encabezada por el general Arellano, recorrió en octubre de 1973 -un mes después del golpe- distintos destacamentos de todo el país, de los que sacó a la fuerza a decenas de prisioneros políticos que fueron posteriomente asesinados.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Miércoles, 9 de junio de 1999

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