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De Berlín a Andalucía pasando por Moncloa

Citando a Jacques Delors, quienes consideramos que Europa es un proyecto común al que nos unen razones de corazón, tanto como de interés y de necesidad, no hemos podido alegrarnos por el mantenimiento, que no el incremento, del esfuerzo de cohesión europea anunciado en Berlín el pasado mes de marzo, extrañamente coronado por un brindis del presidente del Gobierno y un mutis por el foro acerca de las cifras. Los presupuestos comunitarios constituyen un sólido barómetro del grado de compromiso europeo alcanzado por los gobiernos de los países miembros, al expresar en qué medida están dispuestos a ceder soberanía para contribuir al cumplimiento, a escala europea, de las funciones que son propias de todo presupuesto: estabilizadora, asignativa y distributiva. En ese sentido, toda disminución del presupuesto puede y debe interpretarse como "menos Europa".Hasta el presente, la política de cohesión económica y social europea venía mostrando una evolución creciente, como se desprende del hecho de que, en el sexenio 1993-1999, cuyo paquete financiero fue aprobado en la cumbre de Edimburgo, los gastos en acciones estructurales hayan ido incrementando su incidencia en el volumen general de los gastos presupuestarios. Para evaluar su eficacia, se han hecho análisis de los datos sobre las aportaciones de cada país al presupuesto comunitario y los retornos recibidos, y se ha encontrado que las acciones estructurales están contribuyendo cada vez en mayor medida al objetivo de cohesión económica y social propuesto. A petición del Consejo Europeo de Madrid de 1995, y atenta a los resultados de este esfuerzo, la Comisión Europea procedió a configurar el futuro marco financiero de la Unión en su comunicación de 1997, Agenda 2000, texto al que el Consejo ha dado respuesta definitiva en Berlín, al definir cuáles serán los perfiles del presupuesto comunitario para los próximos siete años.

Ya en la Agenda 2000 se hacían sentir las diferencias de criterio entre contribuyentes netos y receptores netos, y así, a pesar de que se proponían "reformas posteriores de las políticas estructurales que reforzarían el compromiso de la Unión en favor de la unión económica y social", no se anunciaba un esfuerzo creciente, sino un "mantenimiento" del esfuerzo. La realidad es que las perspectivas financieras abiertas por Berlín suponen un receso franco del volumen de recursos dedicados a cohesión, circunstancia que, en el viaje europeo, nos hace mirar con nostalgia la senda de Edimburgo e iniciar decepcionados la nueva senda. A mayor abundamiento, a diferencia de lo hecho en Edimburgo, en Berlín no se ha presentado a cada Estado miembro informe alguno acerca de los recursos a los que tendrá acceso en función del plan financiero previsto y a la luz de los diferentes indicadores regionales. No disponiendo aún de cifras oficiales, lo que el Gobierno ha presentado hasta hoy no son otra cosa, por lo tanto, que estimaciones a lo grande. Con respecto a ellas, cabe reservarse y esperar acontecimientos, lo que en todo caso hacemos, y cabe, entretanto, hacer valoraciones sobre las cifras por las que ha brindado el presidente del Gobierno.

Según las cifras presentadas por el señor Aznar, en Berlín se habrían conseguido para España algo más de 57.000 millones de euros, lo que, en cualquier caso, supone una gran pérdida en términos de coste de oportunidad, ya que estamos hablando de 480.000 millones de pesetas menos en relación con la propuesta de la Agenda 2000 y unos 960.000 menos con respecto al último año de Edimburgo. Es decir, que la estrategia de brindar con champán puede ofuscar momentáneamente a los receptores mediáticos, pero no consigue que, a quienes estamos directamente implicados en las decisiones de Berlín, la situación nos parezca una fiesta. Ante el sintomático silencio del Gobierno central en torno a las repercusiones que esta bajada tendrá para las distintas comunidades autónomas, la Junta de Andalucía ha solicitado que se convoque con urgencia al Consejo de Política Fiscal y Financiera, a fin de evaluar las repercusiones de una negociación que enaltece al otrora "pedigüeño" Felipe González, a fuer de complaciente.

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En relación con la forma en que habrá de abordarse la distribución interna de los Fondos Estructurales, nos parece de una justicia elemental que los criterios que el Gobierno central utiliza en sus vindicaciones en Europa (independientemente de los resultados alcanzados) tengan su exacto reflejo a la hora del reparto. Andalucía ha sido víctima reiterada de la doblez de un Gobierno a quien le conviene esgrimirla como argumento y aparcarla luego, como si se tratara de un cómodo utilitario. Tiene, por lo tanto, un amargo derecho histórico a solicitar que el reparto de los Fondos Estructurales y el Fondo de Cohesión se haga en España como en Europa, sin argumentos de doble faz y servidumbres más o menos sigilosas.

En relación con los Fondos Estructurales, es de estricta justicia: primero, que se respete la aplicación del principio de concentración entre las regiones Objetivo 1 de España; y segundo, que, en el reparto interno de los Fondos Estructurales entre las distintas CC AA del Objetivo 1, se apliquen los mismos criterios que han servido en Europa para asignar esos fondos entre los distintos Estados miembros, criterios que incluyen como variables la población regional, la prosperidad nacional/ regional relativa y el desempleo regional. En relación con el Fondo de Cohesión, es de estricta justicia: primero, que se articule su distribución territorial de forma análoga a la de los Fondos Estructurales, y segundo, que sea utilizado para apoyar a las regiones del Objetivo 1 y no, como ha venido sucediendo hasta el momento, al resto de las regiones, y de forma especial, no hace falta ser un lince para adivinarlo, a las comunidades de Madrid y Cataluña.

Aun resignándonos a que el corazón europeo tenga freno e incluso marcha atrás, como el de la vieja comedia de Arniches, sólo así se podrá hacer una política coherente y sólidamente blindada contra el oportunismo, una política igualitaria y, en definitiva, una política justa.

Magdalena Álvarez Arza es consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía.

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