Ediles insumisos en Euskadi y Navarra

El alcalde de Bermeo (Vizcaya) tiene hoy una cita con la justicia, tres días antes del cierre de la campaña electoral. Juan Carlos Goienetxea cambiará los trípticos y las pegatinas por una soflama antimilitarista. Entrará por la puerta grande, acompañado por Carlos Garaikoetxea, el presidente de su partido, Eusko Alkartasuna (EA), y por su dirigente y consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, y le secundarán en la intención los regidores de los 73 consistorios del País Vasco -unos 40 en Guipúzcoa- y Navarra que se han negado a colaborar con el Ejército en las tareas de reclutamiento, una estrategia de desobediencia civil cocinada en las asambleas de los grupos antimilitaristas en 1990.Todos ellos fueron denunciados por el fiscal general del Estado, a instancias del Ministerio de Defensa, entre 1997 y 1998. La inhabilitación pesa sobre la cabeza de todos estos alcaldes desobedientes que, como Goienetxea, sueñan con acabar con los ejércitos porque "el mundo militar no lleva a la paz". Algunos conocen bien la inhabilitación. Es el caso de José Julián Irizar (EA), alcalde de Zumarraga (Guipúzcoa) y diputado de Transportes. La Audiencia de San Sebastián le condenó a un mes y un día de inhabilitacion por negarse a facilitar las listas de los mozos para la mili.

Una decena larga de los regidores de los 73 ayuntamientos denunciados por Defensa han desfilado ya por los juzgados. Algunos han corrido la misma suerte. Otros han visto la causa archivada. Y otros están a la espera, mirando de reojo la fecha en la que se pondrá la primera bayoneta del Ejército profesional.

Fernando Vila tiene su cuartel general en un habitáculo del consistorio de Anoeta (Guipúzcoa), uno de los 33 consistorios insumisos de Euskadi y Navarra agrupados en Eudima, la Mancomunidad de Ayuntamientos Insumisos vascos, y uno de los denunciados.

Como portavoz de Eudima, Vila asegura que en algunos consistorios "no se practica de hecho la inhabilitación" que pesa sobre los insumisos; esa "muerte civil" que impide a los jóvenes insumisos condenados desempeñar cargos públicos o acceder a becas, viviendas de protección y otros beneficios propios del Estado social.