HB dice que más de 70.000 instalaciones de gas carecen de inspección autorizada

La polémica sobre el servicio doméstico del gas natural tiene visos de continuar. Al cobro indebido de tasas se pueden añadir otros posibles "fraudes", según denunció ayer HB: más de 70.000 instalaciones no tienen una inspección autorizada, los costes de explotación cobrados a los usuarios son ilegales y las compañías obligan a adquirir un tipo de caldera que cuesta el triple -hasta 300.000 pesetas- que la convencional. Este partido, que destapó hace año y medio el cobro abusivo de las tarifas de alta e inspección, lo que ha obligado a las compañías a devolver casi 2.000 millones de pesetas a los afectados, ha presentado un recurso contra la resolución del Gobierno que regula las devoluciones. En ella, el Departamento de Industria fijaba dichas tasas en 7.927 pesetas, o sea hasta 15.000 pesetas menos de lo que se abonaba en Vizcaya. HB considera "nula" la resolución gubernamental; entre otras razones, por su aplicación con carácter retroactivo hasta 1991, algo "jurídicamente inadmisible", a su juicio. El parlamentario de HB Iñaki Antigüedad, quien anunció un "férreo control" de su formación a las actividades de gestión pública "ahora que tenemos una intervención más directa en el Parlamento", dijo que el servicio de gas tiene también un "fraude estructural y en aspectos de seguridad". En este último apartado, según explicó el concejal en Bilbao Dabi Alonso, han comprobado que "el 80% de los inspectores de las compañías de gas no están capacitados para firmar las actas de inspección de las instalaciones". "Eso significaría que son ilegales y, en caso de un accidente, las compañías de seguros no se responsabilizarían", precisó. Con estos datos, al menos más de 70.000 de las cerca de 140.000 instalaciones domésticas de gas natural funcionarían irregularmente. Alonso explicó que estos inspectores necesitan una "autorización explícita" del Departamento de Industria. Sin embargo, "se manda a gente que no tiene este carné". "Los propios delegados de Industria hablan de que son instlaciones clandestinas. Y las empresas instaladoras quedan al capricho del supuesto inspector, que está menos capacitado", dijo. HB también calificó de fraude los costes de explotación de la instalación de las redes para el suministro, al cobrarse por partida doble: a los usuarios y "en los Presupuestos [del País Vasco], puesto que ha estado en el capítulo 7 desde 1985 a 1994". Sus representantes insisten en que las compañías de gas deben devolver todo lo cobrado por las tasas de alta e inspección, lo que supondría unos 4.000 millones. "Y en cualquier caso, con intereses de demora, que no lo han hecho, cuando la Administración sí los aplica a las deudas de los ciudadanos". En este sentido calificaron las devoluciones realizadas de sui generis, ya que en muchos casos, al descontarlas de la tarifa, "ésta queda sospechamente en cero pesetas".