Debate y concertación social

L a firma hoy de un nuevo acuerdo de concertación social entre empresarios, sindicatos y Junta de Andalucía resulta ser el mejor prolegómeno para el debate sobre el estado de la comunidad que se desarrollará esta semana en el Parlamento andaluz. El diálogo y el entendimiento con los agentes sociales se va a convertir así en uno de los principales activos en el balance de su gestión que Manuel Chaves realizará en la Cámara. Será el último de esta legislatura y en él, el jefe del Ejecutivo andaluz tratará de dibujar un escenario positivo, describiendo el buen momento social, político y económico en el que nos encontramos. Un análisis el suyo que concluirá con 10 propuestas de futuro con las que pretende incorporar a los grupos de la oposición que, por contra, tratarán de hacer ver los incumplimientos de los compromisos adquiridos en su día por el presidente andaluz. No obstante, dicho acuerdo de concertación se configura como la mejor manera de cerrar, patronal y sindicatos, esta legislatura. Ambas partes le han sacado suficiente provecho a este proceso, al tiempo que ha contribuido notablemente a "la paz social" de la que se goza en Andalucía. Claro que este panorama puede presentar novedades inquietantes a corto plazo si se confirman en estos días los augurios sobre una inminente ruptura de la unidad de acción que ha caracterizado hasta ahora a las centrales mayoritarias, UGT y CC OO. Con el debate, además, se agota prácticamente el calendario legislativo, después de que fracasara el PA en su intento de prolongar el curso parlamentario hasta el mes de julio, sobre todo para sacar adelante la ley de Cajas de Ahorro y la de Turismo, impulsada, ésta última, por los propios andalucistas que, en cualquier caso, tratarán de aprovechar este debate para diferenciarse de sus socios de gobierno, los socialistas. De modo que, con este capítulo, nos adentramos en plena campaña electoral, que en Andalucía contará con la participación destacada de José María Aznar para reforzar a los populares, y de un Felipe González con ganas de pelea y de quien se espera intervenga en dos o tres grandes actos políticos del PSOE andaluz. La contienda provocará, sin duda, situaciones marcadas por la alta tensión que surgirá con la agresividad de unos y otros. Así que los populares deben ir preparando ya su legión de notarios y abogados, porque materia para ello no les va a faltar. El asunto del lino, el control del cultivo del algodón en Andalucía, así como las prácticas de algún que otro alcalde, como el de La Carolina, Ramón Palacios, proporcionarán munición más que suficiente para animar el debate. A propósito de letrados y jueces, la Junta espera que en esta misma semana el Ministerio de Sanidad autorice por fin el proyecto experimental para tratar con heroína a dos grupos de toxicómanos, uno en Granada y otro en el Campo de Gibraltar. Si no hay respuesta, caben sólo dos vías: la judicial o bien la puesta en marcha de la iniciativa ante el silencio administrativo de Madrid. Como se ve, un caso más de confrontación entre ambas administraciones que, por cierto, contrasta con el entendimiento alcanzado entre el propio Chaves y el vicepresidente primero del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos. La foto de ambos en San Telmo anunciando acuerdos concretos para Andalucía habrá inquietado al menos algo el espíritu de aquel que pasara por el mismo Ejecutivo central sin lograr el más mínimo consenso, sino todo lo contrario. Por su parte, mientras que el juez Santiago Torres concluye su trabajo para que se enjuicie a Jesús Gil por su gestión al frente del Ayuntamiento de Marbella, éste está a punto de cerrar una de sus principales prioridades, el PGOU de la localidad. El edil prevé concluir el texto refundido esta semana para presentarlo incluso ante la delegación provincial de Obras Públicas el mismo viernes, coincidiendo con el inicio de la campaña. ANTONIO YÉLAMO