La destrucción del marjal de Pego-Oliva sigue a pesar de la aprobación del plan de ordenación Los propietarios y los ayuntamientos no han recibido información sobre usos permitidos

Las transformaciones, desvíos de canales, el cultivo de hortalizas y los trabajos en los arrozales no han cesado en el marjal de Pego-Oliva. Dieciocho días después de la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) del parque natural, el pasado 4 de mayo, las estaciones de bombeo que funcionan en el corazón y junto a la Muntanyeta Verda, no han cesado de extraer agua de los canales con el objetivo de desecar el humedal. La destrucción del marjal prosigue pese al auto del juzgado de Dénia que prohíbe toda transformación y al plan que delimita los usos en el enclave.

No hay tregua por parte de un grupo de trabajadores que cuentan con el apoyo del alcalde de Pego, Carlos Pascual, y la Comunidad de Regantes. El propio Pascual exhibió el pasado 14 de mayo un vídeo, que había sido grabado ése mismo día, ante cerca de 500 personas reunidas en el teatro municipal en el que se mostraban todas las obras "ilegales" realizadas en el parque natural con fondos municipales. Pascual intentaba demostrar a los asistentes a ese acto que las acusaciones que sobre él recaen por delitos contra el marjal "no son más que difamaciones de los medios de comunicación y de los políticos de turno", y que sus actuaciones no tienen otro propósito que el de "recuperar el cultivo tradicional" que se hacía en el humedal, manifestó. Sólo en el periodo de marzo a noviembre de 1998, el consistorio, con el voto a favor del equipo de gobierno formado por el PP e independientes, aprobó partidas por más de 40 millones de pesetas para trabajos en el parque. Precisamente esta semana se ha sabido que el Ministerio de Hacienda a amonestado a Pego por el "incumplimiento de la Ley de Presupuestos" ya que su deuda, de un 156%, supera el límite permitido. Desde los grupos ecologistas y la oposición se ha criticado la capacidad del PORN para proteger el parque natural de Pego-Oliva si no se obliga al cumplimiento de la protección del paraje. Medidas que deberían pasar por "hacer efectivo el auto de paralización, la compra de terrenos, desmantelar las bombas de extracción de agua, y aplicar la vigilancia y control de las actividades que regula el PORN", como propone el Grup Ecologista Samaruc. PSPV y EU también se han manifestado en este sentido. Por su parte, el BNV-Els Verds considera imprescindible que se inicie "un diálogo claro" con los propietarios de terrenos en el marjal y se realice un "plan socioeconómico" sobre el impacto que supondrá el plan de usos en los dos municipios afectados, Oliva y Pego. La ley no se impondrá Pero el consejero de Medio Ambiente, José Manuel Castellá, lo dejó bien claro en la comparecencia ante la Diputación Permanente de las Cortes Valencianas convocada con carácter extraordinario para explicar la situación que se vive en el marjal: no impondrá la ley por la fuerza para evitar crispar más la situación, y confió en la justicia y el PORN para acabar con el conflicto. En una visita reciente a Gandia, para la presentación de la lista de UV a la alcaldía de la capital de La Safor en la que el consejero concurre como número dos, Castellá apostó por "compatibilizar los cultivos agrícolas con la zona natural del marjal". No fijó plazos y abogó por el diálogo y la compra de terrenos. Según fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, la Generalitat lleva adquiridas, o en trámite de compra, 1.200 hanegadas a los pequeños propietarios del parque. Pero según fuentes consultadas por este diario, ni los propietarios de terrenos en el humedal, ni los ayuntamientos de Pego y Oliva, han recibido comunicación o documentación alguna sobre el PORN. Desconocen su contenido salvo por los medios de comunicación o la información que han tenido que buscar por su cuenta. Carlos Pascual ya ha anunciado que su equipo de gobierno en el consistorio de pego piensa recurrir el PORN. Por su parte, la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA) interpuso el pasado viernes un recurso contencioso administrativo para impugnar el decreto por el que se aprobó el PORN. El conflicto no tiene visos de acabar.