La guerra entre el presidente y el Parlamento conduce a Moscú a una grave crisis institucional

Borís Yeltsin ha metido de lleno a Rusia en la más grave crisis de los últimos años, que amenaza con degenerar en un conflicto constitucional al entrar en colisión dos principios consagrados en la ley fundamental: el derecho del presidente a disolver la Duma si ésta rechaza por tres veces su candidato a primer ministro, y el blindaje de que se dota la Cámara si condena al jefe del Estado por alta traición u otros crímenes graves. El primer paso lo dio ayer Yeltsin. El segundo lo dará probablemente la Duma el próximo sábado, cuando los diputados se pronuncien sobre las acusaciones.

El balance de los últimos enfrentamientos es de empate a uno. En el primero (marzo-abril de 1998), los diputados, amenazados con quedarse compuestos y sin escaño, terminaron aceptando a la tercera a Serguéi Kiriyenko, propuesto por Yeltsin tras destituir a su primer ministro de los cinco años anteriores: Víktor Chernomirdin. En el segundo (agosto-septiembre), la misma Cámara dejó claro que no pasaría por la humillación de tragar de nuevo con Chernomirdin, al que Yeltsin intentaba rescatar tras convertir a Kiriyenko en cabeza de turco del estallido de la crisis financiera. Tras dos rechazos consecutivos, el líder del Kremlin propuso a un candidato de consenso (Yevgueni Primakov), que fue aceptado casi por unanimidad.En el partido del desempate, ninguna de las dos partes puede volverse atrás y pretender que no ha sido derrotada. Si Yeltsin insiste en presentar por tres veces a Stepashin, lo lógico es que los comunistas y sus aliados utilicen su peso mayoritario en la Duma para rechazarle. Sobre todo porque la amenaza de disolución (impeachment aparte) tampoco resulta ahora tan preocupante, al estar ya previsto que las elecciones legislativas se celebren en diciembre. Poco importaría adelantarlas en unos meses y, muy probablemente, el resultado reflejaría la ira de los votantes por la destitución del Gobierno más popular de los últimos años.

En estas circunstancias, las posibilidades de que el proceso contra Yeltsin en la Duma acabe en condena aumentan considerablemente, ya que no se le juzgará sólo por cinco supuestos graves delitos, sino, en la práctica, también por el cese de Primakov.

Esos cinco crímenes son los siguientes: disolución de la Unión Soviética en 1991, bombardeo del Sóviet Supremo en octubre de 1993, destrucción de las Fuerzas Armadas, genocidio contra su propio pueblo y desencadenamiento de la catastrófica guerra de Chechenia, una acusación que podría hacerse a Stepashin casi con tantos motivos como a Yeltsin, ya que fue uno de los principales impulsores de la intervención en la república caucásica tras sus intentos de acabar con la vida del líder cheheno Dzhojar Dudáyev. Todavía ayer sólo parecía probable que prosperase este último cargo.

Si se confirman los dos escenarios (rechazo a Stepashin y condena a Yeltsin), el bloqueo estaría servido. Dados los antecedentes y el carácter del presidente ruso, lo más probable es que intentase hacer prevalecer su voluntad y que el diferendo se resolviese en el Tribunal Constitucional, pero con la Duma cerrada y con un proceso electoral abierto.

En octubre de 1993, con la última Constitución soviética aún vigente, Yeltsin disolvió por decreto el Sóviet Supremo, el Parlamento de entonces. La respuesta de los diputados fue encerrarse en el edificio de la Cámara: la Casa Blanca (hoy sede del Gobierno). La de Yeltsin fue desalojarlos a cañonazos y al precio de más de cien vidas.

El diputado del grupo comunista Alexéi Podberiozkin no da ya por seguro que la Duma rechace al candidato de Yeltsin. Hace notar que incluso si la Cámara lo aceptase para evitar su disolución, el Gobierno resultante sería inviable. Eso permitiría que los diversos partidos utilizasen en las elecciones de diciembre la sólida base económica, logística y propagandística que supone una Duma abierta.