La Cámara de Cuentas andaluza ve indicios de delito en la gestión de Gil

La Cámara de Cuentas de Andalucía ha enviado al fiscal jefe del Tribunal Superior de la comunidad (TSJA) la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) gobernado desde 1991 por Jesús Gil, entre 1990 y 1993, al detectar indicios de delito por apropiación indebida en el impago de 1.118 millones de pesetas, sin contar intereses de demora, a la Seguridad Social. También se ha apreciado el incremento en tres años de su deuda en un 155%, al pasar de 9.800 millones en 1990 a 25.000 en 1993.

El consejero mayor de la Cámara de Cuentas andaluza, Rafael Navas, entregó ayer el informe sobre el Ayuntamiento de Marbella al Parlamento autonómico y anunció que será remitido al Tribunal de Cuentas y a la fiscalía. Navas explicó que el trabajo -recogido en más de un centenar de folios- se ha visto muy limitado por la falta de colaboración del municipio, así como por la lejanía de los ejercicios analizados, y no quiso interpretar el contenido para evitar "polémicas con instituciones".La Cámara de Cuentas ha detectado indicios racionales de un delito de apropiación indebida en el impago de 1.118 millones de pesetas a la Seguridad Social (SS), según reclama este organismo en una comunicación de noviembre de 1998. A los importes pendientes, contabilizados sólo hasta 1993, habría que agregar los recargos e intereses de demora que se hayan generado hasta ahora.

El informe advierte de que el Ayuntamiento es también responsable solidario de las deudas por cuotas de la SS de sus sociedades, aunque se desconoce la cuantía al no haber remitido la información que le fue solicitada.

Los gastos de personal aumentaron de manera espectacular: sólo entre 1991 y 1992 crecieron en un 33%, y se han podido rebasar las limitaciones de la plantilla que se aprueban anualmente.

Cuando en 1991 tomó posesión Jesús Gil de la alcaldía marbellí, recoge el dictamen, se inauguró una nueva política para gestionar los servicios públicos, tal como constituir sociedades a las que se encomiendan los que antes prestaba directamente el Ayuntamiento. Gil creó en tres años un total de 11 sociedades y adquirió participaciones en el capital de otras tres, además de efectuar ampliaciones de algunas.

La Cámara de Cuentas, según el informe, ignora si se han cumplido los trámites legales porque el Ayuntamiento tampoco ha facilitado los expedientes pertinentes, pero refleja que el TSJA anuló la adquisición de una de las sociedades y a 31 de diciembre de 1993 continuaban sin tener reflejo contable 400 millones de pesetas aportados al capital de otras y la compra de acciones. Siempre en el tiempo fiscalizado, el Ayuntamiento ha aprobado sus presupuestos varios meses después de comenzado el año natural y sus cuantías han pasado de 8.700 millones en 1990 a 18.550 en 1992, pasando de superávit a déficit. La corporación de Gil ha mantenido la práctica de canalizar operaciones de naturaleza presupuestaria a través de la rúbrica de valores independientes y auxiliares del presupuesto y de la agrupación de operaciones no presupuestarias, "desvirtuando así el contenido mismo del documento presupuestario".

Otro de los aspectos que detecta el dictamen es el aumento significativo de los ingresos del municipio procedentes de los convenios urbanísticos con particulares. Los mismos se han firmado en "múltiples ocasiones" antes de que fueran aprobados por el pleno del Ayuntamiento, en el que eran habitualmente ratificados. La mayor parte de ellos tiene como finalidad cambiar las características de las fincas propiedad de particulares. Algunos de los derechos de cobro por aprovechamiento urbanístico están condicionados por la futura revisión del Plan General de Ordenación Urbana.

Gil también ha formalizado varios préstamos a largo plazo, incluso con garantía hipotecaria, para financiar operaciones corrientes y no para inversión como establece la Ley de Haciendas Locales.