Una modesta proposición

Siguiendo las huellas de Jonathan Swift, es grande la tentación de proponer que al menos una parte de los hijos herederos de autores pobres sean engordados y vendidos en el mercado como comida. Resolvería muchos problemas. No obstante, la sátira debería fundarse en otro aspecto de la situación socio-literaria actual, quizás menos gastronómico pero de enorme trascendencia cultural. Estos hijos no siempre tienen la capacidad intelectual de sus padres y, por ende, suelen limitar sus reflexiones sobre un dado tema a los aspectos puramente familiares, de entrecasa, relegando u olvidando el tema que tocan, más fecundo y de mayor alcance.

Los derechos de autor no deberían ser hereditarios, ni siquiera por un lapso definido, ya sea de 70, 50 o menos años. Javier Marías (EL PAÍS, 23 de abril de 1999) dice no ver mayores diferencias hereditarias entre una parcela de tierra, un banco, una panadería, un inmueble o un restaurante y una obra literaria. Dice que no vería mal que todo pasase al dominio público al cabo de un tiempo (y vale la pena recordar aquí que la Revolución de Octubre había abolido la herencia, pero que los líderes soviéticos abrogaron esta medida poco después).

El razonamiento de Marías es falaz. La diferencia hereditaria entre un bien literario y otros bienes no culturales reside en la naturaleza inamovible del bien literario, definitivamente cerrado a toda modificación una vez acabado. Quien hereda una parcela de tierra, una panadería o un paquete de acciones está heredando un "medio de producción" que rinde ganancias en la medida en que el heredero lo trabaje y lo modifique: que labre la tierra o la venda (a mayor o menor precio según su estado), que fabrique pan, que administre las acciones y las haga fructificar en Bolsa. El valor del bien heredado dependerá siempre de la contribución en trabajo por parte de los herederos.

No así el valor del bien literario. Nada puede -¡ni debe!- hacer un heredero de Cervantes por mejorar El Quijote. La novela es la que es. Toda injerencia ajena desnaturaliza la obra.

Esto es así no a los 70 o 50 años de la muerte del autor. Esto es así a partir del momento mismo en que el autor deja de existir. No es posible que algo tan rigurosamente personal (individual o colectivamente) como una obra literaria pueda, en un momento dado, cambiar de propietario.

Pero tampoco es concebible que la obra literaria, en el supuesto de que deje de ser heredable, pase sin más al dominio público. Mi modesta proposición es que toda obra literaria -también la Odisea, también el Quijote, también la obra de Javier Marías después de su muerte (Dios no lo quiera)- sea explotable única y exclusivamente mediante el pago de derechos de autor, y para siempre. Estos derechos, que en definitiva paga el público, deberían ir íntegramente a una Caja de Letras administrada tal vez por la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) bajo el control del Gobierno. Y esta Caja de Letras debería destinar estos devengos a un plan de becas, a instituciones o iniciativas de fomento de la literatura y a obras sociales como asistir a las viudas y desde luego a los huérfanos de autores pobres.

Sólo la abolición simultánea de la herencia literaria y del "dominio público" podrá eliminar la injusticia que señala Marías. Y evitar que, como alternativa, se venda parte de la descendencia de los autores pobres, previamente engordada, como comida en el mercado.