La sociedad de la información, en entredicho

Las llamadas autopistas de la información, que a más de uno le han parecido siempre una especie de desideratum más propio de la ciencia ficción que de un futuro convertible en realidad, ya son algo tangible, algo que tenemos al alcance de la mano. A ello ha contribuido, sin duda, el desarrollo experimentado por esa red de redes que nos parece envolver a todos llamada Internet. Con todo, para que la denominada Sociedad de la información sea una realidad cotidiana se hace preciso que se desarrollen infraestructuras de telecomunicación que puedan dar el servicio requerido y faciliten la comunicación entre todos los habitantes del mundo y no sólo a través de la telefonía o unidireccionalmente, como hasta ahora estábamos acostumbrados. Nos hallamos en el umbral de una auténtica revolución industrial en la que la imagen será la auténtica protagonista. Dentro de unos años, no concebiremos hablar por teléfono sin estar viendo a nuestro interlocutor, de la misma forma que hace poco no concebíamos que pudiera llegar el día en que no sólo le escucháramos. Para que ese todos sea posible es preciso que cada cual tenga su propia posibilidad de elección. De ahí que la competencia se constituya como un principio ineludible. Así lo entendió la Unión Europea y así lo aceptaron los países miembros, entre los que se encuentra, claro está, España.

En España, empero, nos encontramos con una situación que no comparten los países de nuestro entorno. España es el único de los países de la Unión Europea que no dispone de una red de infraestructuras de telecomunicación alternativa a la del operador dominante. Y en la fase de su construcción se encuentran las empresas que han entrado, con ánimo competitivo, en la apasionante aventura de la implantación de las nuevas redes de cable de fibra óptica, con el deseo, además, de pasar lo más rápidamente posible desde una posición de atraso con respecto a nuestros iguales europeos a ser los primeros y más avanzados. Para ello, los nuevos operadores de cable han comprometido inversiones por un valor equivalente a casi treinta veces lo que costó, el año pasado, construir la nueva pista de Barajas. Y seguro que estarían dispuestos a un mayor esfuerzo inversor con tal de que esta nueva pista -la de la información- permita a España despegar sin contratiempos a la cabeza de las nuevas tecnologías.

Para que el desarrollo de las redes alternativas sea posible y, gracias a él, tengamos un marco de competencia adecuado, se estableció en España un modelo bien diseñado de liberalización de las telecomunicaciones. Sin embargo, a pesar de ese buen diseño, su implantación está teniendo graves dificultades que siembran dudas tanto sobre la voluntad política del Gobierno para llegar a esa completa liberalización que dé lugar a la competencia plena como sobre el proyecto de las empresas que han aceptado el reto del establecimiento de esas infraestructuras de telecomunicación alternativas a la del operador dominante. En definitiva, el objetivo de construir la Sociedad de la Información para todos, queda en entredicho.

En primer lugar, se ha producido una modificación continua e imprevisible del marco jurídico y social, en el que leyes distintas parecen querer atribuirse la competencia exclusiva sobre el sector y que, encima, entran en abierta contradicción una con otra.

Y, después, con la Administración hemos topado, Sancho. La burocracia administrativa de algunos ayuntamientos ha ido retrasando de forma sistemática la concesión de las licencias de obras, imprescindibles para que los nuevos operadores de cable pudieran tender su red y, así, cumplir con los compromisos que habían adquirido con la propia Administración -aunque en este caso fuera la Central y no la Local- a la hora de la concesión de la explotación de un -no nos olvidemos- servicio público.

Por último, no podemos dejar de señalar los elementos discriminatorios que entran de lleno en la situación de privilegio en que se encuentra el operador dominante en España. Si al desigual trato fiscal que recibe se le añaden todas las trabas que en materia de interconexión, portabilidad o utilización de infraestructuras existentes pone ese mismo operador en defensa de sus exclusivos intereses -que no entendemos aquí como legítimos-, cuando no se salta la moratoria en el cable por la vía de ofrecer en una misma publicidad servicios afectados por ella, nos encontramos con que los nuevos operadores de cable de fibra óptica tienen muy difícil competir en igualdad de condiciones.

La nueva moratoria de cinco años más para que Telefónica pueda comenzar a competir en el terreno del cable que solicitan los nuevos operadores se convierte así en imprescindible y no se trata ya de un antojo o de que no se dieron cuenta de las dificultades con que se iban a encontrar en el momento de firmar la concesión del servicio, no. Se trata, simple y llanamente, de conseguir que las condiciones que los nuevos operadores preveían que se iban a dar al cabo de esos dos años teóricos se cumplan al término de esos cinco años más que ahora piden. Aunque para ello se tenga que solicitar la ampliación de la moratoria una o cincuenta veces.

Estamos hablando de que se están poniendo en peligro inversiones por valor de un billón de pesetas o la creación de 15.000 puestos de trabajo. Y eso, señores, no es ninguna tontería.