_
_
_
_

Medio Ambiente decide ampliar su demanda contra la empresa Boliden

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

El director de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente (MIMAM), Enrique Alonso, anunció que el MIMAM ha dado instrucciones a los servicios jurídicos del Estado para ampliar su demanda contra la empresa Boliden Apirsa por el vertido de lodos tóxicos de la minas de Aznalcóllar a la empresa matriz de esta filial, la sueco-canadiense Boliden Limited. Alonso participó ayer en la sede del Consejo Superior de Estudios Científicos (CSIC) en una mesa redonda para conmemorar el Día de la Tierra, que se celebra hoy. Asimismo, aseguró que este Ministerio también ha decidido ampliar la demanda al concepto de daños medioambientales, y que incluso existe la posibilidad de requerir responsabilidades personales y perseguir el patrimonio personal de los miembros del Consejo de Administración de la empresa matriz.

"Estas acciones se han emprendido antes de que se cumpla un año de la catástrofe de Aznalcóllar, para evitar que los plazos del derecho internacional nos impidieran emprender acciones si demoráramos la acción", añadió. En este sentido, recordó que la postura del Gobierno desde que se produjo el vertido es la de que "quien contamina, paga", y que esa sigue siendo la posición y la línea de actuación del Gobierno.

Por su parte, el director de Greenpeace, Xavier Pastor, que también participó en el coloquio, subrayó que el coste económico del vertido rondará entre los 30.000 y 50.000 millones de pesetas, de los que Boliden Apirsa sólo ha abonado 1.900 millones de pesetas. Además, criticó que Boliden Limited haya obtenido una subvención de la UE de 7.000 millones de pesetas y que esté reclamando otros 3.000 millones.

"Nos indigna el cinismo de esta empresa y la falta de movilización de la Administración española. Por eso, queremos que todos los ciudadanos sepan que, dividido el coste del desastre entre todos, cada español pagará 1.500 pesetas de sus impuestos para solventar el problema", apuntó.

Por su parte, Boliden Apirsa, tiene previsto presentar hoy las alegaciones a la autorización concedida por la Consejería de Trabajo e Industria de la Junta de Andalucía el pasado 24 de marzo para reiniciar la actividad productiva. Los directivos de la compañía han manifestado que presentarán alegaciones sobre la limpieza del talud norte de la corta de Aznalcóllar, por el que se han deslizado los lodos retirados de la cuenca del Guadiamar y piden más flexibilidad en la frecuencia de los controles ambientales.

Archivado En

Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
Recomendaciones EL PAÍS
_
_