Un juez de Chile ordena el secuestro de un libro que critica a la justicia

Los esfuerzos del Gobierno chileno por convencer al mundo de que el general Augusto Pinochet debe ser devuelto a su país y de que allí puede ser juzgado -con mayores garantías que en España, llegó a decir el ministro de Exteriores, José Miguel Insulza- han sufrido un severo revés con el secuestro, en aplicación de la Ley de Seguridad del Estado, de un libro de la periodista Alejandra Matus, de 33 años, que pone al descubierto las debilidades del poder judicial en Chile.

Tras el secuestro, Matus, autora de El libro negro de la justicia chilena, abandonó precipitadamente Santiago y se ha instalado en Buenos Aires por temor a ser detenida por el juez Servando Jordán, antiguo presidente de la Corte Suprema y responsable de la denuncia contra el libro. El portavoz sobre libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Santiago Cantón, ha criticado con dureza la legislación chilena, que "restringe un debate que es fundamental para el funcionamiento eficaz de las instituciones democráticas". El libro negro de la justicia chilena fue presentado a la prensa el martes 13 de abril en un hotel de Santiago. Veinticuatro horas después, la policía se presentaba en los talleres de la editorial, en la capital chilena, con una orden del juez Servando Jordán de decomiso de todos los ejemplares.

La ley de Seguridad del Estado es de 1958, pero el Gobierno militar introdujo la normativa que convierte en intocables a las autoridades políticas y administrativas, generales, miembros de la Corte Suprema, obispos y parlamentarios. Todos ellos quedan protegidos de cualquier ofensa.

Como si se tratara de una premonición, la autora confiesa en el prólogo el riesgo que corren tanto ella como la editorial "por el solo acto de difundir hechos que, aunque fundamentados y comprobados, van a resultar incómodos para sus autores".

Premio Ortega y Gasset de periodismo en 1996 por un trabajo de investigación sobre el asesinato del canciller chileno Orlando Letelier por orden de la policía política de Pinochet, Matus ha sido objeto, en el ejercicio de su profesión, de varias querellas de los militares y de amenazas.

Libertad de expresión

A raíz del secuestro del libro, el Gobierno chileno emitió una declaración en la que señalaba que respeta las decisiones judiciales, aunque puntualizaba que en Chile persisten normas que perjudican la libertad de expresión. Algunos ministros han salido en defensa de la periodista censurada y han subrayado que actuaciones como la del juez Jordán dañan la imagen internacional de Chile. "Lo que ha pasado con el Poder Judicial en los últimos nueve años no ha sido muy diferente de lo que ocurrió durante la dictadura, en el sentido de que sigue obedeciendo las pautas que le da el Gobierno".

El libro analiza la conducta política del Poder Judicial chileno, en especial su comportamiento durante la dictadura: cómo compartió y aplaudió el ideario del Gobierno militar.

La tesis de Alejandra Matus es que el Poder Judicial no se ha comportado como poder del Estado, sino "como un servicio público a las órdenes del rey en los tiempos de la colonia, o del poder político, salvo en el Gobierno de Salvador Allende". Asegura que "hubo un periodo en que el presidente Aylwin pidió investigar hasta esclarecer la verdad, pero luego la situación cambió conla llegada de la doctrina Frei -no nos metamos con los casos de los desaparecidos, dejémoslo así-, y así se ha hecho".