El Ararteko ve discriminatorio exigir esterilizarse a una seropositiva

El Ararteko (el Defensor del Pueblo de Euskadi) ha dado la razón a las ocho asociaciones antisida que le presentaron una queja por el caso de una seropositiva a la que en un hospital público vasco se le puso como condición para abortar que aceptara ligarse las trompas. "La exigencia de una esterilización" a las portadoras del virus del sida que opten a interrumpir su embarazo supone "una discriminación respecto de quienes no padecen esa enfermedad", afirma el ararteko, Xabier Markiegi, en sus consideraciones sobre el caso, enviadas ayer a los denunciantes.

El hospital de Galdakao (Vizcaya), donde ocurrieron los hechos, decidió el pasado día 9 -cinco semanas después de ser denunciado ante el Ararteko- dejar de proponer la esterilización a las mujeres (incluidas las seropositivas) que acudan a abortar. El Defensor del Pueblo vasco señala en su escrito que confía en que esta medida contribuya "a lograr la igualdad efectiva en el acceso" a la interrupción voluntaria del embarazo de las seropositivas.

La paciente, una seropositiva de 33 años embarazada de tres semanas y cuyo caso entraba en los supuestos legales, rechazó la esterilización. Abortó finalmente en una clínica concertada a la que la envió la sanidad pública.

Josu Unanue, portavoz de Txo Hiesa, una de las asociaciones que presentó la queja, se declaró "muy contento" con las consideraciones del Ararteko, que calificó de "gran logro". Señaló también que este caso "destapa hasta qué punto la sanidad se ha olvidado de los derechos de los ciudadanos". Unanue declaró que las asociaciones antisida estudian si llevar el caso a los tribunales.

Juicio moral improcedente

El tirón de orejas del Ararteko al hospital va más allá. Markiegi también se refiere en sus conclusiones a las declaraciones en las que la dirección médica del Hospital de Galdakao indicaba que ciertos médicos del centro se acogían a la objeción de conciencia cuando consideraban que una paciente utilizaba el aborto como método anticonceptivo. El ararteko sostiene que ni siquiera la suposición de que la mujer actúa de esa manera puede ser un fundamento para condicionar el aborto a que la paciente acepte esterilizarse. Añade el Defensor del Pueblo vasco que la causa prevista en la ley que regula la interrupción voluntaria del embarazo "es objetiva" y que "cualquier valoración sobre las intenciones de la mujer resultaría improcedente".

Tras reconocer el derecho de los médicos a acogerse a la objeción de conciencia señala que ello "no puede servir de cobertura si la negativa a interrumpir el embarazo se basa en el hecho de que una mujer no acepte su consejo de ser esterilizada".

El informe final recuerda a los médicos su deber de informar a las pacientes "de un modo comprensible y no sesgado" sobre la esterilización si consideran que ésta es "aconsejable" en ese caso concreto.