Los pescadores de El Palmar niegan que discriminen a las mujeres
El abogado que defiende a la Comunidad de Pescadores de El Palmar presentó ayer en la Audiencia de Valencia hasta seis nuevos argumentos por los que solicita la revocación del fallo, hecho público el pasado 5 de octubre, que abre la posibilidad de que las mujeres de esa pedanía de Valencia puedan pescar en L"Albufera. El letrado, Francisco Davó, solicitó la anulación de la decisión de Pilar Cerdán, titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Valencia, en base a tres argumentos formales -la falta de legitimación de las cinco demandantes para interponer denuncia alguna, la inadecuación del procedimiento a sus fines y un error en la valoración de la prueba-y otros tantos que entran en la cuestión de fondo. A saber, la inexistencia de la vulneración por parte de la Comunidad de Pescadores de norma fundamental alguna, la ausencia de contenido de la demanda interpuesta por cinco mujeres en junio en 1997 y la violación del derecho de las asociaciones a elegir a sus miembros siempre y cuando su decisión no vulnere las leyes, especialmente, la de mayor rango, la Constitución. En definitiva, los pescadores defienden que la negativa a aceptar a las cinco vecinas de la localidad no se basó en su sexo, sino en el incumplimiento de varios requisitos. Principalmente, la no presentación del aval de otros socios, imprescindible según los estatutos y unas normas de carácter inmemorial. Discriminación sexual El abogado de las cinco demandantes, Luis Miguel Romero Villafranca, utilizó argumentos muy diferentes durante la vista de apelación. En consonancia con el fallo de Cerdán, el letrado de las cinco aspirantes a pescadoras subrayó que las normas de la Comunidad chocan frontalmente con el artículo 14 de la Constitución, al impedir que las mujeres del pueblo -pese a ser herederas de pescadores- puedan ejercer la actividad a la que se dedicaban sus padres "por el mero hecho de ser de sexo femenino". Así lo señaló señaló la juez de primera instancia en su resolución, que obliga a la Comunidad de Pescadores a modificar sus reglas para "adecuarlas a los principios constitucionales de igualdad y no discriminación por razón de sexo". La juez también forzó a la organización a indemnizar a las cinco hijas de pescadores cuya entrada en la Comunidad -reservada para los herederos de los pescadores desde hace siglos- fue vetada, según la cofradía, por una cuestión formal. La sentencia fue aplaudida, entre otras, por la alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y la aspirante a ese cargo por el PSPV-PSOE, Ana Noguera. "La tradición no puede ir contra los derechos", dijo ésta. Barberá, en ejercicio de su cargo, felicitó a las cinco demandantes al tiempo que instaba a los miembros de la cofradía a abrir sus puertas a sus cinco vecinas. La sentencia será pública en unos días.
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