La Ley de Cooperación sale adelante sin imponer el 0,7

La Asamblea de Madrid aprobó ayer, con los votos en contra de Izquierda Unida, la ley que desde ahora regirá los planes de cooperación con países del Tercer Mundo del Gobierno regional. PP e IU trataron, hasta el último momento, de llegar a un acuerdo sobre las enmiendas presentadas por la coalición, pero no fue posible. El PSOE votó a favor."Hemos pactado esta ley tres veces y luego tres veces el PP nos ha negado lo pactado", denunciaba ayer la diputada de IU María Teresa Biehn. Su grupo critica que la norma aprobada no detalle en qué plazo va a llegar la Comunidad a aportar el 0,7% de su presupuesto a la cooperación (ahora destina el 0,15%).

También denuncia que la nueva norma abre la puerta a que se mezcle comercio exterior con cooperación. Se refiere, por ejemplo, al artículo en el que se dice que la cooperación oficial al desarrollo la podrá ejecutar la propia Comunidad o también "indirectamente a través de ONG, organismos internacionales o entidades públicas o privadas que actúen en dicho ámbito".

La diputada del PSOE Henar Corbi explicó el voto favorable a la ley de su grupo parlamentario "porque es mejor tenerla que no tenerla y da más transparencia a las acciones del Gobierno", según informa Europa Press. Corbi es partidaria de que los proyectos de cooperación dependan de la Consejería de la Presidencia y no de la de Educación y Cultura, como sucede en la actualidad y establece la ley.

Plan anual y cuatrienal

El director general de Cooperación, Javier Restán, considera que no es en la ley donde deben de concretarse los plazos para alcanzar el 0,7% de aportación regional, "sino en los planes de actuación anual y cuatrienal". Respecto a la incorporación de las empresas como entidades capacitadas para participar en los programas de cooperación regional, afirma que "hay que involucrar a todas las organizaciones".La nueva ley de cooperación no establece áreas geográficas concretas de actuación preferente. Sí fija, por el contrario, sectores prioritarios a los que destinar la ayuda: fortalecimiento de la sociedad civil, servicios sociales básicos, educación, mejora de infraestructuras y difusión de la realidad de los países del Tercer Mundo. Habla también de "fomento del sector privado en los países beneficiarios", lo que despierta sospechas en Izquierda Unida.

La norma establece dos órganos de control de los planes regionales de cooperación: el Consejo, integrado por representantes de la Administración, expertos y ONG, y la Comisión, sólo institucional.