Las comunidades apoyan la conversión en especialistas de médicos sin formación de MIR

Los consejeros autonómicos de Sanidad aprobaron ayer por unanimidad el proyecto que pretende dar el título de especialista a más de 3.000 médicos que no han pasado por el sistema de médicos internos residentes (MIR), pero que de hecho ejercen como tales. El fondo de la propuesta es compartido también por la oposición socialista, que, sin embargo, reclamó ayer "una evaluación muy seria de los nuevos especialistas". En el otro lado, los MIR ya han comenzado a materializar su protesta: los primeros han sido los catalanes, que irán a una huelga de tres días.

Tanto para el ministro de Sanidad y Consumo, José Manuel Romay Beccaría, como para el PSOE, el proyecto sólo pretende poner fin a "una situación excepcional". Para lograr ese objetivo, el decreto que prepara el Gobierno y que ayer fue aprobado por unanimidad en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, reunido en Madrid, impone los requisitos que deberán cumplir los médicos que no han pasado por el sistema MIR -conocidos como mestos (médicos especialistas sin título oficial)- para integrarse en el sistema: ser licenciado antes del 1 de enero de 1995 y haber ejercido alguna especialidad médica durante un periodo mínimo de un 150% más de lo que el MIR tenga establecido para la misma. Por ejemplo, un especialista en medicina de familia, -área que para un MIR supone tres años de formación- deberá haber ejercido cuatro años y medio. Y un cirujano, siete y medio.Estas circunstancias, junto al curriculum, serán evaluadas por un tribunal, formado por médicos de la especialidad en cuestión, que puede autorizar la entrega inmediata del título. Pero incluso si éste rechaza la solicitud, el aspirante podrá someterse a un examen práctico sobre su capacidad en la especialidad en cuestión, explicó ayer la subdirectora general de Formación Sanitaria, Emilia Sánchez Chamorro.

Son estos filtros que decidirán quién accederá al título y quién no -la medida va dirigida a más de 3.000 médicos, pero los licenciados que pueden aspirar a beneficiarse de ella alcanzan los 10.000- los que preocupan al PSOE. El diputado de la Comisión de Sanidad del Congreso, Josep Corominas, pidió ayer que el proceso de evaluación garantice que los nuevos especialistas "tengan un nivel equivalente a los MIR". En su opinión, el hecho de que el proyecto del Gobierno no distinga entre aquellos que han adquirido experiencia en un gran hospital público o en un centro privado concertado "abre el margen de discrecionalidad".

Los MIR, a la huelga

El ministro puntualizó ayer que el decreto cuenta con el informe favorable tanto de la Organización Médica Colegial (OMC), que agrupa a todos los colegios médicos, como del Consejo Nacional de Especialidades Médicas.Pero los médicos internos residentes (MIR) han encajado mal la decisión tomada ayer por el Consejo Interterritorial. Los de Cataluña han sido los primeros en convocar una huelga -los días 26, 27 y 28 de abril- que amenaza con mermar seriamente los servicios de urgencia de los hospitales catalanes.

Las posibles movilizaciones en la Comunidad de Madrid reciben el apoyo de la vocalía de médicos en formación y recién licenciados del Colegios de Médicos, institución que en su día ya emitió un informe desfavorable al proyecto de real decreto. Fernando León, representante colegial de los MIR madrileños, ha convocado una asamblea el jueves para decidir si van a la huelga. Los de Badajoz han dejado la decisión para esta tarde y los canarios, que tampoco descartan movilizaciones, se limitaron ayer a rechazar "rotunda y enérgicamente" la propuesta, lo que harán saber por carta a los distintos estamentos médicos.

Francisco Toquero, representante de este colectivo en la OMC, está asombrado por la "celeridad" con que el proyecto ha recibido el visto bueno de las comunidades autónomas, cuando cree que la iniciativa es "incomestible". Toquero está a la espera de las reuniones de los colegios de médicos de cada provincia para convocar una asamblea nacional en la que se decidirán las protestas.

Los MIR tendrán hasta el verano para ejercer presión sobre el ministerio. Entonces el proyecto será sometido al Consejo de Ministros y dos años después, según Romay, "un viejo problema estará solucionado".