Becerril urge una inspección exhaustiva sobre los edificios sevillanos que entrañen algún peligro

La alcaldesa de Sevilla, Soledad Becerril, rompió ayer su silencio sobre el desplome de una fachada de la calle Bustos Tavera, que mató a una joven catalana. Las declaraciones de Becerril, 48 horas después del siniestro, pretenden básicamente "tranquilizar" a la población. Para ello, ha ordenado una inspección "urgente" y "extraordinaria" de los 200 edificios del casco histórico declarados en ruina, de los sometidos a procesos de rehabilitación y de aquellos sobre los que pesa algún tipo de denuncia vecinal que cuestione su seguridad. Su segunda propuesta tendrá un calado mayor a largo plazo: estudiar la reforma de las ordenanzas sobre rehabilitación y conservación del caserío del conjunto histórico de Sevilla.

La bicefalia política del Ayuntamiento de Sevilla quedó ayer patente en la interpretación realizada por PP y PA, socios de gobierno, respecto a la normativa sobre rehabilitación de patrimonio. La alcaldesa Soledad Becerril fue muy tajante a la hora de defender una posible revisión de las ordenanzas. De hecho, ayer mismo se reunió con la patronal de los promotores, el Colegio de Arquitectos y el Colegio de Arquitectos Técnicos para pulsar su parecer. "Tenemos que evaluar si los criterios actuales presentan graves dificultades para su ejecución y revisar las normas de seguridad exigibles en las obras de restauración en el conjunto histórico que afecten a la vía pública", indicó. Los posibles cambios también afectarían a la responsabilidad de los propietarios en la conservación. "No se puede aceptar que se mantengan durante 20 años casas abandonadas hasta llegar a la declaración de ruina", observó. Horas antes, el delegado de Urbanismo, el andalucista Mariano Pérez de Ayala, apuntaba casi en dirección contraria y arremetía contra las críticas del Colegio de Arquitectos sobre el excesivo afán conservacionista de las normas municipales. "No podemos caer en la demagogia fácil diciendo que se conserva mucho y lo que hay que hacer es demolerlo todo", dijo. Pérez de Ayala invitó al colectivo a "reflexionar" sobre la responsabilidad de los profesionales en las obras. El delegado de Urbanismo también anticipó, sin aclarar si respondía a una orden expresa de la alcaldesa, la puesta en marcha de una inspección urgente sobre los edificios declarados en ruina en Sevilla, que rondan los 200, y los inmuebles en fase de restauración para verificar que no entrañan peligro para los ciudadanos. En su conferencia de prensa, la alcaldesa recalcó en varias ocasiones que había "ordenado" al gerente de Urbanismo, Eduardo Martínez Zúñiga, una inspección "extraordinaria" y "sistemática" de todos los inmuebles del conjunto histórico declarado -abarca Triana, San Bernardo y el centro- que pudieran implicar algún riesgo para la seguridad de la vía pública "por sus antecedentes administrativos". La medida afecta también a los sometidos a obras de demolición o rehabilitación. Becerril anunció ayer que, de ser necesario, se habilitará una partida presupuestaria específica para sufragar los medios necesarios para la inspección. "Por encima de todo está la seguridad y la vida de las personas", dijo. La alcaldesa no se pronunció sobre las causas del derrumbe, a la espera de la informe que ultima la Gerencia de Urbanismo.